El Gobierno de José Jerí dice respetar la libertad de prensa. Lo repite en entrevistas, lo suaviza en comunicados y lo envuelve en el discurso de la “seguridad ciudadana”. Pero mientras habla de aliados, insiste en un proyecto de ley que crea el delito de “información reservada” y abre la puerta a perseguir filtraciones, intimidar fuentes y enfriar el periodismo de investigación. Y no está solo: el Congreso de la República ya se perfila como cómplice entusiasta de esta nueva camisa de fuerza para el derecho a estar informados.
El Ejecutivo plantea penalizar la revelación de información vinculada a investigaciones penales y operaciones policiales. En teoría, busca sancionar a malos funcionarios que alertan a bandas criminales. En la práctica, el texto es lo suficientemente ambiguo como para que cualquier filtración de interés público pueda ser considerada delito si incomoda a los poderosos.
El ministro del Interior presenta la iniciativa como escudo del Estado frente al crimen organizado. El primer ministro jura que “no es una ley mordaza” y promete que la prensa será escuchada al final del proceso. Pero la lógica está invertida: primero se diseñan los candados, luego se invita a los periodistas a opinar sobre el tamaño de la cadena.
Las organizaciones de prensa ya han advertido el riesgo: si se criminaliza la “revelación” de información, se amenaza de manera indirecta a los periodistas que viven precisamente de acceder a datos que el poder preferiría mantener ocultos. ¿Cómo investigar casos de corrupción, redes enquistadas en el Estado, abusos policiales o tramas judiciales si toda filtración puede terminar en un proceso penal?
No se trata de proteger investigaciones, sino de controlar el flujo de aquello que se sabe. Y el Congreso, lejos de actuar como contrapeso, parece dispuesto a darle al Ejecutivo herramientas para gestionar la incomodidad informativa con código penal en la mano.
La seguridad ciudadana se ha convertido en la coartada perfecta para restringir derechos. En lugar de fortalecer controles internos, proteger a fiscales y policías probos y sancionar de verdad a quienes filtran a las mafias, se plantea una norma que puede terminar castigando a quienes exponen la corrupción y el abuso. No es fortalecimiento institucional: es blindaje político.
Reflexión final
Cuando un gobierno y un Congreso convergen en regular “información reservada”, conviene preguntarse qué quieren que dejemos de ver. Defender la prensa libre no es un capricho de periodistas: es defender el derecho de la ciudadanía a saber qué se hace con su poder y con su dinero. Si esta ofensiva prospera, lo único verdaderamente seguro será la oscuridad.