OnlyFans ha anunciado que empezará a revisar los antecedentes policiales, judiciales y penales de sus creadores de contenido en Estados Unidos, usando un sistema de verificación basado en inteligencia artificial. La medida se presenta como un paso hacia la “seguridad de la comunidad”, pero abre una discusión mucho más amplia sobre derechos, estigmas, regulación de plataformas digitales y el trato que reciben quienes trabajan en la industria del contenido para adultos.
En principio, que una plataforma se preocupe por prevenir delitos y proteger a usuarios y usuarias es positivo y necesario. El acoso, la explotación y la violencia sexual existen también en los espacios digitales, y no pueden minimizarse. Sin embargo, el modo en que se implementan estas políticas define si contribuyen realmente a la seguridad o si terminan reforzando injusticias previas.
El uso de sistemas automatizados para verificar antecedentes, como CheckrTrust, plantea interrogantes críticos: ¿qué tipo de información se considerará relevante?, ¿habrá posibilidad de apelación?, ¿cómo se evitarán errores, sesgos y falsos positivos? En contextos donde los sistemas penales han sido históricamente discriminatorios —por raza, origen social o situación migratoria— trasladar sin más esos registros a plataformas privadas puede perpetuar exclusiones y estigmas, en lugar de corregirlos.
Además, la industria del contenido para adultos está atravesada por desigualdades y vulnerabilidades. Si la respuesta de las plataformas se limita a expulsar a quienes tienen antecedentes, sin diferenciar tipos de delitos, tiempos transcurridos o procesos de reinserción, se corre el riesgo de empujar a algunas personas hacia escenarios más peligrosos: trabajo en la calle, redes clandestinas o entornos sin ningún tipo de control ni protección. Es decir, se desplaza el problema, no se resuelve.
La falta de claridad sobre las sanciones —suspensión, cierre de cuentas, bloqueo de pagos— y la ausencia de mecanismos transparentes de defensa agravan la preocupación. Una decisión tomada por un algoritmo o por un equipo corporativo, sin garantías mínimas, puede significar la pérdida súbita de ingresos para personas que dependen de la plataforma para sobrevivir.
La seguridad en línea es un objetivo legítimo y urgente, pero no puede construirse a costa de debilitar derechos básicos como la presunción de inocencia, la posibilidad de reinserción y el acceso a medios de vida dignos. Las plataformas que se benefician económicamente del trabajo de sus creadores tienen la responsabilidad de diseñar políticas claras, proporcionales y sujetas a rendición de cuentas.
Reflexión final
El anuncio de OnlyFans debería servir de advertencia global: no podemos dejar que empresas privadas definan, en solitario y sin control democrático, quién merece una segunda oportunidad y quién queda fuera. La lucha contra la violencia y el abuso exige medidas firmes, sí, pero también exige ética, transparencia y un compromiso real con la justicia, no solo con la reputación corporativa.