La condena de 14 años de prisión al exmandatario confirma la dimensión de la corrupción en las más altas esferas del poder, pero no basta con llenar Barbadillo para recomponer la confianza ciudadana.
Martín Vizcarra se ha convertido en el cuarto expresidente peruano condenado a prisión. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo halló culpable por cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua y le impuso 14 años de cárcel, además de una millonaria reparación civil. Se suma así a la lista de exjefes de Estado recluidos por corrupción o abuso de poder, en un país donde la Presidencia parece cada vez menos un mandato y más una antesala a los tribunales.
Los hechos se remontan a su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. La justicia ha considerado acreditado que recibió sobornos de consorcios empresariales a cambio de influir en la adjudicación de millonarias obras públicas. No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón ya conocido: la obra como moneda de canje, la licitación como espacio de captura, el poder público al servicio de intereses privados. La diferencia hoy es que el veredicto ha llegado y tiene nombres, montos y años de prisión.
La pregunta inevitable es qué significa este fallo en un país donde Toledo, Humala, Castillo y ahora Vizcarra han pasado, o pasan, por penales de alta seguridad. Por un lado, confirma que el sistema de justicia, pese a sus propias sombras y presiones, es capaz de alcanzar a quienes ocuparon el cargo más alto del Estado. La idea de que “nadie está por encima de la ley” gana un respaldo simbólico importante.
Pero sería ingenuo pensar que una sentencia, por dura que sea, resuelve el problema de fondo. La corrupción que hoy se sanciona judicialmente fue posible porque existió una red de complicidades políticas, empresariales y técnicas; porque los mecanismos de control fallaron, porque la transparencia fue insuficiente y porque el escrutinio ciudadano llegó cuando el daño ya estaba hecho. No hay coima sin cómplices, ni licitación amañada sin una cadena de silencios.
El debate sobre a qué penal irá Vizcarra —Barbadillo, Ancón II u otra cárcel de alta seguridad— no debería eclipsar la discusión central: cómo evitar que la historia se repita con futuros gobernantes. Un país que se acostumbra a ver desfilar presidentes esposados corre el riesgo de convertir la indignación en espectáculo y el castigo en rutina, sin avanzar un solo paso en la prevención.
La justicia ha hablado, pero la política aún no ha respondido. El Congreso, los partidos, los gobiernos regionales y locales siguen sin asumir plenamente la reforma del sistema de contratación pública, el fortalecimiento real de la fiscalización y la rendición de cuentas permanente. Mientras tanto, la ciudadanía contempla la escena con una mezcla de alivio y escepticismo: se castiga a quien cayó, pero no se transforma el sistema que lo permitió.
Esta editorial no celebra la desgracia personal de nadie. Señala, sí, una exigencia colectiva impostergable: que la condena a Vizcarra no se convierta en un nuevo capítulo de morbo mediático, sino en un punto de inflexión. La justicia puede llegar tarde, pero si llega sola, sin reforma institucional ni memoria histórica, será apenas un paréntesis. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién entra hoy a Barbadillo, sino qué país saldrá mañana de esta larga cadena de traiciones a la confianza pública.