En el Perú, el fútbol “gratis” se ha convertido en una liturgia nacional. Un link por WhatsApp, una web clandestina, un servidor anónimo y ya está: 90 minutos sin pagar. Pero esa supuesta viveza criolla tiene un costo real y cuantificable. Según estudios recientes, 1,9 millones de hogares —unos 8 millones de peruanos— consumen piratería online. El daño económico es gigantesco: alrededor de US$ 410 millones en pérdidas anuales para la industria audiovisual y cerca de US$ 74 millones que el Estado deja de recaudar en impuestos. Ese “partido gratis” no es gratis: lo pagamos todos.
Lo más grave no es la magnitud, sino la normalización. Nos indignamos por la corrupción estatal, pero aceptamos con naturalidad que casi la mitad de los hogares con internet fijo acceda a señales robadas. Exigimos ligas competitivas, estadios dignos, transmisiones modernas y desarrollo deportivo, mientras alimentamos —clic tras clic— un mercado que no invierte en derechos, tecnología ni empleo formal. Queremos resultados de país serio actuando como si la ley fuera opcional.
La piratería digital funciona bajo la misma lógica del soborno: recibir beneficios sin cumplir reglas. Cambiamos el maletín de coimas por un enlace “HD”. Justificamos los US$ 410 millones que no llegan a la industria con el argumento de que “las empresas igual ganan bastante” y relativizamos los US$ 74 millones que el Estado deja de recaudar —dinero que podría financiar canchas, bibliotecas, clubes formativos o seguridad ciudadana— porque “total, nadie se entera”. Esa es la misma narrativa que usan quienes destruyen instituciones desde adentro.
A ello se suma el costo invisible: el riesgo digital. Muchas plataformas piratas son trampas de malware, robo de contraseñas, spyware y clonación de tarjetas. Entramos a ellas sin pensar, mientras exigimos protección bancaria y criticamos la inseguridad digital del país. Exigimos responsabilidad a todos… menos a nosotros.
El Estado, por su parte, opera con torpeza: campañas tímidas, sanciones que no se sienten, operativos simbólicos que no alcanzan a un ecosistema que mueve millones. Se persigue al ambulante con la ferocidad que falta para enfrentar el contrabando digital que opera en el centro del tráfico audiovisual.
La piratería online no es un error menor ni un entretenimiento inocente: es la expresión cotidiana de una cultura que exige legalidad pero practica el atajo. Mientras sigamos celebrando el “partido gratis”, seguiremos debilitando la industria, erosionando la recaudación pública y reforzando la idea de que la regla solo vale para otros. Un país no se construye así; se desgasta, se vuelve más cínico y más pobre.
Reflexión final
Si de verdad queremos un Perú menos corrupto, más justo y más competitivo, la coherencia empieza en algo tan simple como la pantalla de nuestra casa. Elegir lo legal no es un favor a las plataformas: es un acto de ciudadanía. El día en que un link pirata nos parezca tan corrosivo como un soborno, daremos el primer paso para romper la cultura del atajo que tanto criticamos. Hasta entonces, cada “partido gratis” será una derrota silenciosa que todos terminamos pagando.