La última encuesta de Worldpanel by Numerator dejó algo más que un dato preocupante: exhibió, con números, el fracaso de la clase dirigente. Ocho de cada diez hogares peruanos señalan la inseguridad y la violencia como su principal preocupación para el 2026. No es una percepción aislada, es un plebiscito silencioso contra un Estado que no logra garantizar lo mínimo: vivir sin miedo.
En segundo lugar aparece el aumento de precios y la inflación (55%). Es decir, la ecuación cotidiana es brutalmente simple: temor a que te asalten y temor a que no alcance para llenar la olla. Luego vienen la corrupción (40%) y la inquietud por una nueva crisis política y social (35%). La ciudadanía ha entendido algo que la política finge no escuchar: la inseguridad no es solo un tema de “delincuencia común”, es el resultado de años de desgobierno, impunidad y decisiones tomadas de espaldas a la mayoría.
Más revelador aún: cuando la pregunta se vuelve personal, la mayor angustia es la economía familiar (48%), seguida de la salud (42%) y la calidad de la educación de los hijos (29%). Es decir, mientras los discursos oficiales celebran “proyecciones macroeconómicas” y el dinamismo del consumo, las familias se debaten entre sobrevivir al asalto, a la carestía y a un sistema educativo que no garantiza futuro. En este contexto, hablar del Black Friday o de campañas comerciales sin mencionar la inseguridad roza la desconexión ética.
La encuesta muestra que la violencia condiciona incluso la forma de comprar: barrios donde se evita salir de noche, mercados a los que ya no se va, rutas que se abandonan por miedo a extorsiones y asaltos. La inseguridad no es un tema “sectorial”; atraviesa la economía, el tejido social y la salud mental del país. Sin embargo, la respuesta de las autoridades sigue siendo fragmentada: más cámaras aquí, una mesa técnica allá, algún estado de emergencia cuando el escándalo llega a los titulares.
Lima y el norte encabezan la preocupación por seguridad y violencia, mientras el norte y oriente muestran mayor intranquilidad por la economía familiar. No se trata de “sensaciones”, sino de territorios donde la presencia del Estado se mide en operativos esporádicos y no en políticas sostenidas. Que, en paralelo, la corrupción y el temor a una nueva crisis política ocupen lugares tan altos en el ranking de preocupaciones confirma que la población no separa lo que la élite intenta divorciar: inseguridad, inflación y corrupción forman parte del mismo fracaso.
Esta editorial no pretende solo describir el diagnóstico; busca colocar una exigencia frontal sobre la agenda de 2026. Quien pretenda gobernar el país deberá hablar claro de seguridad ciudadana basada en inteligencia y prevención, de recuperación real del poder adquisitivo, de escuelas que enseñen y protejan, de reformas contra la corrupción más allá del eslogan de turno.
Si la próxima campaña electoral vuelve a reducirse a frases hechas y promesas genéricas, no será por falta de información, sino por la decisión consciente de ignorar lo que ocho de cada diez hogares ya gritaron con claridad: el miedo a la violencia y la incertidumbre económica son hoy la verdadera oposición al sistema político. La pregunta es si la política está dispuesta a escucharlos o continuará caminando, una vez más, por la vereda opuesta.