Este domingo 30 de noviembre a las 3:00 p. m., ANBA y Estudiantil CNI deberían disputar en Juliaca un partido crucial por el ascenso a la Liga 2. Pero lo que debería ser una celebración deportiva ya está marcado por una sombra grotesca: el IPD primero dijo NO, porque ANBA incumplió la ley, y luego —misteriosamente— alguien convirtió ese NO en un SÍ. La pregunta es inevitable y corrosiva: ¿quién autorizó el ingreso de público y por qué? ¿Qué fuerza pesa más que la propia ley?.
El oficio del Instituto Peruano del Deporte (DISEDE) fue claro como el agua:
ANBA no presentó el plan de protección y seguridad dentro del plazo legal.
La Ley 30037 es precisa: sin plan aprobado, el partido debe jugarse a puerta cerrada. Punto. No es una recomendación. No es “si desean”. Es la norma.
Pero entonces ocurre lo que tanto daño le hace al fútbol peruano: bajo presión del club local, la decisión cambia. Donde había un informe técnico sustentado, aparece una “autorización” de origen nebuloso que habilita el ingreso de público en un estadio de alto riesgo como el Guillermo Briceño. Una autorización que contradice a la propia entidad encargada de garantizar la seguridad deportiva en el país.
El reglamento no cambió. Lo que cambió fue la voluntad de hacer cumplir la ley. Y eso es infinitamente más peligroso que cualquier falta administrativa.
¿Quién decidió torcer lo establecido por el IPD (DISEDE)?
¿Con qué argumento se justificó abrir un estadio sin un plan validado?
¿En qué momento la presión del local se volvió más influyente que la normativa nacional?.
El impacto es devastador:
• En lo deportivo, CNI se enfrenta a un partido manipulado desde afuera, donde la “ventaja” del local ya no está solo en la cancha, sino en la oficina.
• En la credibilidad, la Liga 3 queda nuevamente retratada como un torneo vulnerable al amiguismo y a la presión.
• En la seguridad, se juega con fuego: un estadio abierto sin garantías aprobadas no es pasión… es potencial irresponsabilidad institucional.
Aquí no se discute un detalle administrativo: se discute por qué una decisión técnica, sustentada en ley, fue invertida por intereses ajenos al reglamento. Si el IPD ya había determinado que se debía jugar sin público, cualquier autorización contraria debe tener nombre, firma y explicación. Y hasta ahora, nada.
Reflexión final
Si este domingo el Guillermo Briceño recibe público pese al incumplimiento del organizador, el mensaje es brutal: en el fútbol peruano, la ley no se cumple… se negocia.
CNI hizo lo correcto al exponerlo.
Ahora falta que alguien, con la misma valentía, explique públicamente quién dobló la ley y por qué. Porque si el ascenso se gana torciendo normas, entonces lo que asciende no es un club: es la impunidad.