Yape anuncia, con video emotivo y frase motivadora, que ahora puedes denunciar cuentas de extorsionadores desde tu celular, en un “proceso 100% anónimo”. “Tú tienes el poder de actuar”, prometen. La medida, en apariencia positiva, revela algo más profundo y preocupante: en un país desbordado por la extorsión y la violencia, la billetera digital se mueve más rápido que el Estado, y el ciudadano termina haciendo de fiscal, policía y perito… desde la pantalla.
El paso a paso es sencillo: entras a Yape, seleccionas el movimiento sospechoso, clic en “necesito ayuda” y luego “repórtalo”. La app asegura que la información será evaluada cuidadosamente, que la denuncia es anónima y que las falsas denuncias constituyen delito. El mensaje es claro: confía en nosotros, denuncia, ayuda a construir “un Perú más seguro”.
La pregunta incómoda es: ¿dónde estaba el Estado mientras la extorsión por Yape, Plin y transferencias bancarias se volvía parte del paisaje cotidiano? Recién ahora, con el problema desbordado, se traslada al usuario la responsabilidad de alertar, documentar movimientos, reportar cuentas. Lo que debería ser una herramienta complementaria corre el riesgo de convertirse en coartada: “ya hicimos algo, ahora depende de ustedes”.
La iniciativa de Yape puede ser útil, pero no debe engañarnos. El verdadero problema no es solo identificar la cuenta de donde viene el chantaje, sino desarticular las redes criminales que operan detrás, muchas veces desde cárceles que siguen funcionando como oficinas administrativas del delito. Sin una fiscalía especializada, investigaciones serias, levantamiento de secretos bancarios y coordinación real con la PNP, los reportes pueden acumularse como números en una base de datos mientras la extorsión sigue cambiando de número, de chip y de cuenta.
Además, el ciudadano extorsionado no siempre está en condiciones de denunciar: hay miedo, desconfianza, sensación de que “igual no pasará nada”. Sin garantías claras sobre qué hace el sistema financiero y el Estado con esa información, el riesgo es que la herramienta termine siendo más marketing de seguridad que política efectiva contra el crimen.
Que una billetera digital ofrezca canales de denuncia es positivo, pero insuficiente. Si el Estado no asume el liderazgo real, lo que veremos será lo de siempre: parches tecnológicos sobre una estructura de impunidad intacta.
Reflexión final
Defender la ética y la justicia hoy implica algo más que pulsar “repórtalo” en una app. Supone exigir al Gobierno, al sistema financiero y a las autoridades de justicia que no deleguen en el ciudadano una tarea que les corresponde por mandato: enfrentar la extorsión con inteligencia, prevención, control carcelario y resultados, no solo con tutoriales y eslóganes desde el celular.