El asesinato de Percy Ipanaqué, abogado y candidato a diputado por Juntos por el Perú, no es solo una tragedia familiar ni un expediente más en la estadística del crimen. Es un disparo directo contra la democracia. Cuando un candidato es acribillado a plena luz del día, en una ciudad que ya acumula tres homicidios en menos de 24 horas, el mensaje es brutal: quien alce la voz, puede pagar con la vida. Y el Estado, otra vez, llega tarde, confundido y sin respuestas.
La primera reacción policial fue la de siempre: hablar de un posible “ajuste de cuentas”. Esa muletilla, repetida casi mecánicamente, funciona como un atajo para evitar preguntas incómodas. ¿Dónde están las investigaciones integrales? ¿Dónde el análisis serio que vincule estos crímenes con redes de sicariato, economías ilegales y posibles intereses que se benefician de silenciar a líderes sociales y candidatos? Cuando se descarta de entrada la posibilidad de un crimen vinculado a la actividad política, se debilita la protección democrática y se normaliza la violencia.
La familia de Ipanaqué no solo exige justicia; exige respeto. Denuncia la ligereza con la que se intenta encasillar el crimen y advierte algo que muchos prefieren no ver: en Piura, y en varias regiones del país, se ha instalado una espiral de miedo que alcanza a dirigentes, ex policías, jóvenes estudiantes y ahora también a postulantes al Congreso. Si la ciudadanía percibe que participar, opinar o candidatear te convierte en blanco, el efecto es devastador: la gente decente se retrae y el espacio público queda a merced de quienes no temen usar la violencia.
Que tres asesinatos se concentren en un mismo distrito y en menos de un día debería haber encendido todas las alarmas nacionales. Sin embargo, la respuesta sigue siendo fragmentada, reactiva y local. No hay una estrategia seria contra el sicariato, ni un plan integral que articule justicia, inteligencia, control de armas, reforma policial y protección efectiva de líderes amenazados. Se improvisan operativos, se prometen más patrulleros, se anuncian estados de emergencia que ya nadie toma en serio.
Si empezamos a contar candidatos asesinados como “daños colaterales” de la inseguridad, habremos cruzado una línea peligrosa. La violencia política no siempre se anuncia con comunicados y amenazas explícitas; muchas veces se disfraza de crimen común para pasar desapercibida. Minimizarlo es regalarle terreno al miedo y a las mafias.
Reflexión final
La democracia no se defiende solo con discursos ni calendarios electorales, sino protegiendo la vida de quienes se atreven a participar. Lo que ha ocurrido en Piura no puede quedar en otra carpeta olvidada. Investigar a fondo, sancionar a los responsables y reconocer la dimensión política del sicariato ya no es una opción: es una obligación ética del Estado. Porque cuando matar candidatos se vuelve rutina, lo que agoniza no es solo una persona, sino la esperanza de que este país pueda elegir su futuro sin balas de por medio.