Mientras las cifras de VIH crecen en Ilo, Jaén, Moquegua y en todo el país, el Gobierno central parece observar todo desde el retrovisor, preocupado más por llegar al 28 de julio de 2026 que por enfrentar una epidemia silenciosa. En un país tomado por bandas criminales y con la seguridad en crisis, la salud pública vuelve a quedar relegada a ferias, eslóganes y esfuerzos aislados del personal en regiones, sin una política nacional clara, sostenida y urgente.
Los datos son contundentes. En Ilo, los casos han aumentado entre 2024 y 2025, incluidos contagios en gestantes que requieren vigilancia extrema para evitar la transmisión vertical. En Jaén, las cifras rompen récords: más de 140 diagnósticos en 2025, con adolescentes entre los nuevos casos y fallecimientos que recuerdan que el VIH no es un asunto del pasado. En Moquegua, el crecimiento también es sostenido.
La respuesta local intenta estar a la altura: pruebas rápidas, tamizajes gratuitos, ferias informativas, misas en memoria de quienes fallecieron, campañas sobre uso del preservativo y mensajes claros contra el estigma. El personal de salud sale a plazas, campos feriales y colegios para hacer lo que puede con lo que tiene. Pero una epidemia no se enfrenta solo con buena voluntad regional: necesita liderazgo político, presupuesto, campañas nacionales masivas y continuidad.
Ahí es donde el Estado se desvanece. José Jerí y el ministro de Salud Luis Quiroz deberían estar explicando al país cuál es la estrategia integral: metas de diagnóstico temprano, acceso garantizado a tratamiento antirretroviral, educación sexual basada en evidencia, articulación con escuelas, municipios y medios de comunicación. En lugar de eso, reina el silencio. La sensación es la de un país en piloto automático, donde el VIH se suma a la lista de problemas que “se atienden” únicamente en fechas conmemorativas.
Mientras tanto, el mensaje hacia la población joven es contradictorio: se les pide responsabilidad, pero se les niega educación sexual integral; se habla de prevención, pero no se asegura acceso fácil y libre de prejuicios a condones, pruebas ni consejería.
El aumento de casos en Ilo, Jaén y Moquegua no es una anécdota regional: es una alarma nacional. Si el Gobierno no asume el VIH como prioridad de salud pública, con metas claras y recursos visibles, se limitará a administrar la estadística de una epidemia que pudo contenerse mejor.
Reflexión final
Cuando el Estado se ausenta, el virus ocupa su lugar. Cada caso no diagnosticado, cada adolescente mal informado, cada gestante sin apoyo oportuno es una derrota ética y política. Un gobierno que mira hacia otro lado mientras el VIH avanza no solo falla en gestión: le falla a toda una generación que tiene derecho a vivir con información, prevención y dignidad, no con silencio oficial y promesas postergadas.