En un país que se llena la boca hablando de “orgullo nacional” cada vez que suena el himno, una marchista peruana tuvo que pararse frente a las cámaras y decir lo que muchos deportistas callan por miedo: “No me voy a callar”. Mary Luz Andía, medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025 y olímpica en Tokio, denunció el abandono del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y del Comité Olímpico Peruano (COP). Mientras el Estado presume resultados, ella recuerda un dato incómodo: sin empresa privada, simplemente no podría competir.
Lo que Andía describe no es un malentendido administrativo, es un patrón de maltrato. Le piden desde hace cinco años que devuelva los pasajes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, dinero que le depositaron y luego quisieron recuperar, como si haber representado al Perú fuera un lujo personal y no una responsabilidad compartida. Cuando reclama, la respuesta no es diálogo ni solución: la sacan de los programas de apoyo. En un sistema sano, una medallista y olímpica sería cuidada; en el nuestro, es sancionada por alzar la voz.
La escena es brutal en su simpleza: una deportista que agradece públicamente a Yape, una empresa privada, porque gracias a ese patrocinio puede entrenar y competir. Del Estado, en cambio, solo recibe cobros, silencios y exclusiones. No es un detalle menor: es el reconocimiento explícito de que el alto rendimiento en el Perú se sostiene más en el esfuerzo individual y el apoyo empresarial que en una política deportiva seria.
Mientras tanto, el discurso oficial hablará de “legado”, “planificación” y “apoyo al talento”. Pero la realidad de Mary Luz Andía desnuda la hipocresía: se aplaude la medalla, se abandona a la persona. Se presume la foto del podio, se ignora la cuenta bancaria, la carga emocional, los años de preparación pagando de su bolsillo viajes, equipo, nutrición y recuperación.
El caso de Mary Luz Andía es una denuncia concreta, pero también un símbolo. Muestra a un Estado que exige resultados internacionales sin garantizar condiciones mínimas; a instituciones que se llenan de protocolos y comisiones mientras dejan fuera de sus programas a quien se atreve a cuestionar. Un país que trata así a sus medallistas no puede hablar en serio de desarrollo deportivo ni de justicia.
Reflexión final
Cuando la plata llega gracias a una billetera móvil y no gracias al IPD o al COP, el mensaje es claro: el Perú le delegó su responsabilidad al azar del auspicio. Si no queremos seguir perdiendo talento —ni seguir humillando a quienes nos representan— habrá que empezar por lo básico: escuchar a deportistas como Mary Luz Andía, reparar las injusticias y construir un sistema donde reclamar no cueste un programa, y ganar una medalla no signifique seguir compitiendo, sola, contra el abandono.