En el papel, el Perú tiene un Gobierno que declara estados de emergencia, promete “mano dura” y repite el libreto de la seguridad ciudadana. En la vida real, dos buses arden de madrugada en San Martín de Porres, choferes extorsionados pagan cupos por Yape y los gremios de transporte discuten un paro de 48 horas mientras el Gobierno de José Jerí administra la crisis a punta de reuniones y comunicados. La escena es brutal: el transporte público bajo fuego y el Estado mirando desde la vereda de enfrente.
El ataque a los buses de La Estrella SAC no es un hecho aislado, es una advertencia mafiosa en vivo y en directo: o pagas o te prendo el trabajo. Los conductores ya venían desembolsando entre 20 y 30 soles diarios y aun así la respuesta fue gasolina y fuego. El mensaje es claro: las bandas ya se sienten con más poder que la autoridad. Y cuando el representante de los transportistas, Martín Ojeda, dice “esto es tierra de nadie”, no exagera: describe un país donde el control de las rutas lo disputan las mafias mientras el Estado llega tarde, mal o simplemente no llega.
La ausencia de una verdadera Policía de Investigaciones, la falta de inteligencia criminal y la precariedad tecnológica que denuncia el gremio no son errores técnicos, son decisiones políticas. Se ha preferido el espectáculo del patrullero y la foto del operativo antes que la construcción de una capacidad real para seguir el dinero, desarticular redes, identificar jefes y encarcelar extorsionadores.
En ese contexto, el posible paro de 48 horas no es una amenaza corporativa: es un síntoma de un Estado que ha perdido autoridad. Cuando un gremio tiene que presionar con la paralización para que lo escuchen, la democracia se vuelve negociación al borde del colapso. Y la ciudadanía queda atrapada entre la extorsión de las bandas y la indiferencia de un Gobierno que parece más preocupado por llegar políticamente vivo al 28 de julio que por garantizar que la gente pueda subir a un bus sin jugarse la vida.
Si el Ejecutivo responde con otra ronda de “diálogo”, sin plazos, sin objetivos, sin resultados medibles, solo confirmará lo que la calle ya sospecha: que la seguridad está tercerizada al miedo. La inacción frente a la extorsión no es neutralidad, es abandono de funciones.
Reflexión final
Cuando los buses son quemados, los choferes extorsionados y los usuarios usados como rehenes silenciosos, la pregunta ya no es si habrá paro, sino quién gobierna realmente el país. O el Estado recupera el control con inteligencia, decisión y transparencia, o las mafias seguirán redactando, a fuego y a balazos, la verdadera política de transporte en el Perú. Y en esa historia, la omisión también tiene firma.