La inseguridad y la criminalidad se han convertido en el principal desafío nacional del Perú. No es solo una sensación: las cifras de homicidios, extorsiones y delitos violentos muestran un país sometido al poder de organizaciones criminales que disputan barrios, rutas y economías enteras. En ese contexto, el gobierno de José Jerí ha optado por una respuesta tan visible como insuficiente: declaraciones sucesivas de estados de emergencia, visitas a cárceles y comisarías, mensajes de firmeza ante las cámaras. Lo que no aparece, ni ante la ciudadanía ni ante los especialistas, es lo esencial: un plan nacional estratégico de seguridad ciudadana, integral, escrito, consensuado y medible.
Hasta hoy, el Ejecutivo no ha presentado al país un plan de gobierno articulado, menos aún una estrategia contra la criminalidad que explique cómo piensa recuperar territorios capturados por mafias, reducir homicidios, contener la extorsión y enfrentar el auge del sicariato. Sin ese marco, los estados de emergencia se convierten en gestos de corto aliento. Las muertes continúan, las estadísticas lo confirman y la población percibe que, mientras las organizaciones criminales actúan con lógica y estructura, el Estado se limita a reaccionar.
La paradoja es que, fuera del circuito gubernamental, sí existe un esfuerzo serio por construir consensos. El “Foro por la Seguridad”, impulsado por Diálogos por el Perú (CIES, IPYS, Proética y Coalición Ciudadana), ha puesto sobre la mesa algo que el discurso oficial suele omitir: no faltan diagnósticos ni propuestas. Un análisis de diez informes técnicos —del Acuerdo Nacional, CEPAN, CIES, CCL, partidos políticos, IPAE, Mininter, universidades y plataformas ciudadanas— permitió agrupar más de 170 iniciativas en 14 grandes familias. En ocho de ellas hay amplio consenso.
Esas coincidencias son contundentes: un liderazgo unificado y coordinación institucional real; modernización tecnológica e interoperabilidad para inteligencia criminal; reforma integral de la Policía basada en carrera meritocrática y ética; transformación del sistema penitenciario para acabar con la corrupción interna; mejora del marco legal y gobernanza judicial sin captura política; desmantelamiento de las economías ilegales y lucha efectiva contra el lavado de activos; prevención social focalizada en jóvenes en riesgo; y articulación seria entre patrullaje policial, acción municipal y trabajo comunitario.
Es decir, hay un “qué hacer” bastante claro. Lo que falta es el “quién se hace cargo” y el “cuándo comienza”. El Ejecutivo insiste en medidas aisladas; el Congreso discute normas muchas veces desconectadas de la evidencia; los gobiernos locales improvisan según sus capacidades. Mientras tanto, la criminalidad actúa con algo que la política parece haber perdido: continuidad, articulación y objetivos nítidos.
Un gran acuerdo nacional por la seguridad no puede ser un eslogan más. Requiere liderazgo político dispuesto a ceder protagonismos, incorporar a especialistas, someterse a indicadores públicos y aceptar mecanismos de rendición de cuentas. Exige, además, renunciar a soluciones simplistas: más militares en las calles, más rejas, más anuncios, sin tocar las raíces económicas, institucionales y sociales del problema.
La inseguridad ya no es solo un tema de orden público; es una amenaza directa a la viabilidad democrática del país. Seguir gobernando en piloto automático, a punta de estados de emergencia sin estrategia, equivale a ceder, por omisión, espacios crecientes del territorio y de la vida cotidiana a las organizaciones criminales. El consenso técnico existe. Lo que está en falta es la voluntad política para convertirlo en política de Estado antes de que la normalización del miedo haga del Perú un país ingobernable.