La frase de César Hildebrandt —“‘Pelele’ no es Bukele y ‘las maras’ están en el Congreso”— condensa en una imagen brutal la percepción de buena parte del país: tenemos un presidente interino sin poder real frente a la criminalidad y un Parlamento cuya mayoría ha legislado y actuado de espaldas a la ciudadanía, erosionando la lucha contra el crimen organizado. Más allá del estilo provocador, la pregunta de fondo es ineludible: ¿quién está ejerciendo realmente el poder en el Perú y contra quién se está combatiendo de verdad?
Hildebrandt no solo critica a José Jerí por su incapacidad para contener la inseguridad ciudadana. Señala algo más grave: la subordinación del Ejecutivo a una coalición congresal que gobierna sin rostro, pero con agenda clara. Mientras el presidente decreta estados de emergencia, recorre cárceles y comisarías y repite el libreto de “mano firme”, las cifras de homicidios, extorsiones y atentados explosivos siguen en ascenso. El contraste entre el discurso y la realidad es tan evidente que el propio periodista remata: Jerí es presentado como oportunidad, pero fracasa en la única batalla que debía liderar.
La comparación con Nayib Bukele no es un elogio al modelo salvadoreño, sino un espejo incómodo. El Perú no necesita ni debe copiar recetas autoritarias. Pero sí necesita algo que hoy no tiene: un liderazgo capaz de asumir costos políticos, de articular una estrategia integral y de enfrentar no solo al sicariato de barrio, sino también a las redes que han capturado espacios del Estado. Cuando Hildebrandt afirma que “las maras están en el Congreso”, está señalando una verdad incómoda: el crimen organizado no solo se expresa en balaceras y cobros de cupo; también se filtra en leyes, blindajes, nombramientos y pactos que protegen intereses oscuros.
En este cuadro, el Estado aparece partido en dos: una Policía debilitada, sin reforma estructural, expuesta a la corrupción y a la desconfianza ciudadana; y un sistema político que, en lugar de concentrarse en la seguridad, se ocupa en ampliar cuotas de poder, recortar contrapesos y reducir controles. El Ejecutivo se refugia en la coartada fácil de culpar a gobiernos anteriores; el Legislativo, en su mayoría, actúa como si la inseguridad fuera solo un telón de fondo para sus maniobras.
La metáfora de Hildebrandt incomoda precisamente porque desnuda esta paradoja: se promete “guerra a las mafias”, pero se tolera, normaliza o incluso protege a estructuras que operan, desde dentro, contra la seguridad y la justicia. Mientras tanto, el ciudadano común vive cercado por el miedo: miedo a salir de noche, a tomar un taxi, a que su negocio sea extorsionado o a que su distrito sea “tomado” por una banda más.
Esta editorial no pretende convertir en dogma la voz de un periodista, por más influyente que sea. Pero sí subrayar el fondo de su advertencia: sin independencia real del Ejecutivo, sin un Congreso dispuesto a renunciar a privilegios y sin una reforma profunda de las instituciones encargadas de la seguridad, cualquier discurso de “mano dura” será solo escenografía.
Si “Pelele” no es Bukele y “las maras” están —metafóricamente— en el Congreso, la tarea urgente no es buscar un salvador autoritario, sino recuperar el sentido más básico de la política: usar el poder público para defender la vida y la dignidad de la gente, no para blindar a quienes la ponen en riesgo. Mientras eso no ocurra, la frase de Hildebrandt seguirá resonando como un juicio pendiente sobre quienes hoy detentan el poder.