El Jurado Nacional de Elecciones ha iniciado un proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios durante un mitin. La norma existe, sí. Pero el uso que hoy se le quiere dar exhibe más ansiedad por controlar el discurso que verdadero celo democrático. El país enfrenta violencia electoral, financiamiento ilegal, partidos alquilados y un sistema político infiltrado por intereses oscuros. Sin embargo, el organismo que debería blindar la transparencia electoral decide poner en el banquillo… una invocación religiosa. La prioridad es tan desconcertante como peligrosa.
La laicidad del Estado no consiste en expulsar toda expresión espiritual del espacio público, sino en impedir que la fe determine políticas públicas o que un credo capture el poder. En ningún país serio se sanciona a un candidato por decir “Dios” en una plaza. Sí se le sanciona si usa la religión como herramienta de manipulación, si llama al odio o si promete milagros legislativos a cambio de votos. Ese no es el caso aquí.
Lo que hace el JNE, sin querer o sin admitirlo, es abrir una puerta riesgosa: la de un árbitro que se concentra en lo simbólico mientras evita lo estructural. Se castiga la palabra, no la conducta; se reprende la invocación, no las prácticas que realmente erosionan la democracia. ¿Dónde están los procesos sancionadores por la compra de firmas, el tráfico de candidaturas, el uso de dinero de procedencia dudosa o la infiltración criminal? ¿Dónde los correctivos frente a campañas que operan sin transparencia financiera?.
Ese es el punto que Alejandro Muñante —con todas sus contradicciones políticas— pone sobre la mesa: el JNE se aferra a la norma más fácil de aplicar, la que no compromete poder real, la que no toca intereses, la que no desestabiliza complicidades. Sancionar palabras no exige valentía institucional, apenas reglamentarismo.
Pero el riesgo mayor es político: López Aliaga es un candidato con narrativa victimista consolidada. El JNE, con esta decisión, le regala un argumento perfecto. Lo convierte en símbolo de una supuesta “persecución anticristiana” justo en un país donde la fe moviliza afectos y votos. En vez de acotarlo políticamente, el organismo electoral termina fortaleciéndolo. Sin intención, pero con efectos reales.
La defensa de la laicidad no se construye censurando expresiones religiosas, sino garantizando que el poder público no se someta a ninguna iglesia. El JNE confunde neutralidad con purismo y, al hacerlo, pierde el foco en lo urgente: la integridad del proceso electoral, la violencia que ya toca a candidatos, la plata ilícita que recorre campañas y la fragilidad institucional que amenaza las elecciones de 2026.
Reflexión final
Cuando la democracia enfrenta peligros serios, los árbitros no pueden darse el lujo de entretenerse con batallas simbólicas. El país necesita un JNE que enfrente mafias, no metáforas; que fiscalice redes de financiamiento, no invocaciones; que proteja la voluntad popular, no que vigile adjetivos. Si el sistema electoral decide pelear contra palabras en lugar de contra estructuras corruptas, habrá elegido el enemigo equivocado. Y esa distracción, en tiempos de vulnerabilidad democrática, es un lujo que el Perú ya no puede permitirse.