Cuando un presidente llama “cliché” a las críticas sobre las llamadas leyes pro crimen, no solo minimiza un debate urgente: también le da la espalda a un país que entierra víctimas todos los días. José Jerí insiste en que las observaciones a su respaldo legislativo son solo una “etiqueta” creada por un sector minoritario, mientras la ciudadanía vive bajo extorsiones, sicariato y estados de emergencia que se renuevan como trámites burocráticos sin estrategia real. No es una batalla de eslóganes: es la vida cotidiana de millones reducida a estadísticas y conferencias de prensa.
El problema de fondo no es una frase desafortunada, sino la lógica que hay detrás. Jerí se presenta como el presidente que “abre el debate académico” para revisar si esas normas son realmente leyes pro crimen, pero en los barrios ya se dio el veredicto: las bandas se fortalecen, las extorsiones se multiplican y el miedo se ha vuelto parte del paisaje. No se trata de percepciones; se trata de un Estado que reacciona tarde y mal, mientras sus propias decisiones legislativas debilitaban herramientas contra la delincuencia.
En vez de un plan integral de seguridad ciudadana, el Gobierno ofrece una puesta en escena: visitas a penales, fotos frente a rejas, anuncios de nuevos estados de emergencia que no se articulan con inteligencia policial, reforma institucional ni fortalecimiento del sistema de justicia. El mensaje es claro: mucho ruido, poca estrategia. Se “marca la agenda” con chorros de tinta en el diario oficial, pero no con resultados en las calles.
Cuando el presidente descalifica las críticas como “cliché”, lanza un aviso inquietante: no reconoce la responsabilidad política en el deterioro de la seguridad. Al reducir el problema a una supuesta campaña de “un sector minoritario”, convierte la preocupación ciudadana en ruido molesto. La inseguridad deja de ser una prioridad de Estado y pasa a ser un problema de imagen.
No es cliché preguntarse cuántas vidas ha costado cada omisión, cada ley mal diseñada, cada cálculo político que rebajó estándares en nombre de “correcciones técnicas”. Cliché es culpar siempre al pasado y jamás asumir el presente. El país no necesita un presidente que discuta etiquetas; necesita uno que corrija el rumbo y reconozca que parte del desastre se gestó en el propio Congreso del que él formó parte.
Reflexión final
Mientras el Gobierno se ocupa de defender su narrativa, las organizaciones criminales siguen ocupando territorio. La verdadera pregunta no es si “leyes pro crimen” suena exagerado, sino cuánto más estamos dispuestos a normalizar la violencia antes de exigir, con firmeza, algo tan básico como un plan serio y honesto para recuperar el país de manos de quienes hoy lo tienen sitiado.
