Si existiera un ranking mundial de presidentes presos, el Perú no solo estaría en el podio: probablemente sería sede del campeonato. Cuatro expresidentes condenados en simultáneo, todos compartiendo dirección en Barbadillo, y varios más haciendo cola en el Poder Judicial. Desde fuera, el mundo mezcla envidia y desconcierto: “al menos ustedes los meten presos… pero ¿por qué a todos?”. La pregunta del papa Francisco en 2018 sigue flotando: ¿qué pasa en el Perú para que cada presidente termine entre rejas?
A primera vista, podría leerse como un triunfo de la justicia sobre la impunidad: 78 países han detenido o juzgado mandatarios desde el 2000, y el Perú parece ir “a la vanguardia”. Pero basta acercarse un poco para que el cuadro se vuelva menos épico y más inquietante. No todos los casos son iguales, ni las vías judiciales, ni las penas. Fujimori y Castillo fueron condenados por la Corte Suprema por delitos cometidos durante su mandato; Toledo, Humala, Vizcarra y otros han sido procesados en justicia ordinaria, algunos por hechos previos, otros por corrupción ya en el poder.
Luego está el mapa de delitos: sangre y corrupción. Fujimori es, hasta ahora, el único sentenciado por graves violaciones a derechos humanos, además de corrupción. El resto, por coimas, redes empresariales, obras públicas y favores políticos. Sin embargo, las penas parecen seguir una lógica más parecida al calendario y a la coyuntura que a un criterio proporcional: 7 años por el paquete de corrupción de Fujimori, 11 años para Castillo por un intento de golpe fallido, 14 años para Vizcarra por un caso de cohecho que, en la percepción ciudadana, “suena” menos grave que un quiebre del orden democrático.
A eso se suma el tratamiento penitenciario: beneficios para unos, cerrojos para otros; posibilidades de semilibertad para ciertos casos, arrestos domiciliarios probables para mayores de 80, indultos “irregulares” que luego terminan bendecidos por el Tribunal Constitucional. En medio de semejante laberinto jurídico, quienes mejor capitalizan son los políticos, no las instituciones.
Ahí entra el capítulo más peligroso: la cárcel como activo electoral. Fujimori lo demostró, incluso después de muerto: convertido en símbolo, en bandera, en “víctima del sistema”, utilizado como combustible de un proyecto político. Su hija lo proclamó candidato presidencial antes de que dejara de respirar, como si la celda fuera la antesala natural de la urna. El mensaje es claro: la condena ya no cierra la carrera política, la reconfigura.
Castillo y Vizcarra ya comenzaron su propio martirologio. Víctimas para unos, corruptos o golpistas para otros, se mueven en ese terreno gris donde la justicia no explica, las sentencias no se entienden y la política se encarga de traducir todo en “persecución” o “heroísmo”, según convenga.
Reflexión final
Que el Perú haya demostrado que sí se puede sentar a sus expresidentes en el banquillo es, en teoría, una buena noticia. El problema es cuando la prisión deja de ser un cierre y se convierte en plataforma, cuando la justicia no logra ser pedagógica y cede el relato a los partidos. Ahí, el riesgo ya no es solo tener presidentes presidiarios, sino terminar eligiendo, una y otra vez, candidatos cuya principal credencial sea el número de proceso en su historial. Y de eso sí no nos va a salvar ninguna sentencia.