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Hay datos que no sorprenden, pero sí alarman. Y la última encuesta nacional de CPI, difundida por RPP, confirma uno de ellos: Keiko Fujimori es percibida como la segunda persona con más poder del Perú (15,1 %), superando incluso al Congreso, que apenas alcanza un 1 % en la misma medición. En otras palabras, el país entiende algo que la clase política intenta disfrazar: el verdadero poder no está en el Parlamento, sino en quien lo conduce desde afuera. Y ese poder –irregular, persistente y sin responsabilidad directa– tiene historia, estructura y consecuencias.
Que Keiko Fujimori sea vista como la figura más influyente después del presidente José Jerí (19,9 %) revela un patrón político que se niega a morir: el liderazgo que no gobierna, pero decide; que no firma leyes, pero define su contenido; que no ocupa Palacio, pero incide en cada voto del hemiciclo. No es casualidad. Fuerza Popular controla 21 escaños, mantiene alianzas operativas y ha convertido al Congreso en una herramienta estratégica antes que en un órgano representativo. El resultado es evidente: institucionalmente, el Parlamento está en ruinas; políticamente, su jefatura real permanece firme.
Fujimori siempre aparece en estas mediciones. Y siempre arriba. No por mérito, sino por presencia constante en un ecosistema político que ella misma contribuyó a erosionar. Como señaló Omar Castro, gerente de CPI: “Siempre aparece en segundo o tercer lugar… la población la ve como protagonista del poder”. Protagonista, sí; responsable, también. Porque una parte sustantiva del deterioro institucional y del desgaste democrático del último decenio tiene relación directa con decisiones, bloqueos y estrategias impulsadas desde su órbita política.
Lo más inquietante es que este mapa del poder se complementa con otro, aún más sombrío: 73,3 % de desaprobación para la Policía Nacional y 82,2 % para la Fiscalía de la Nación, según la misma encuesta. Si las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad se vacían de credibilidad, ¿quién llena el vacío? Las figuras fuertes. Los partidos que controlan bancadas. Los liderazgos que acumulan poder sin someterse al escrutinio presidencial ni asumir el desgaste del Ejecutivo.
En ese contexto, el Congreso aparece reducido a un 1 % en la percepción de poder. Una cifra simbólica que demuestra su irrelevancia frente a quienes realmente deciden. Y ese dato debería alarmar no solo por lo que revela, sino por lo que implica: si el Parlamento pesa tan poco institucionalmente, pero tanto en manos de ciertos liderazgos, el problema no es solo político; es estructural.
Esta editorial no busca personalizar el malestar ni atribuir culpas exclusivas. Pero sí recordar una premisa fundamental: cuando una figura concentra poder sin responsabilidad directa, el país queda atrapado en una democracia a medias, donde las decisiones se toman sin transparencia, sin contrapesos y sin asumir costos.
Si Keiko Fujimori es percibida como el segundo poder del país, entonces debe ser reconocida también como parte del problema que hoy nos asfixia: un sistema político debilitado, un Congreso instrumentalizado y un país gobernado por cálculos más que por visiones.
El Perú necesita instituciones fuertes, no liderazgos que operan sobre ellas desde las sombras. Hasta que eso no cambie, las encuestas seguirán diciendo lo mismo: que el poder en el Perú no fluye por las instituciones, sino por quienes han aprendido a usarlas como herramientas de supervivencia política. Y mientras ese patrón continúe, la democracia seguirá siendo un ritual más que una realidad.