Foto: Andina
Mientras el mundo se pelea por aprender a sembrar quinua, el país que la vio nacer la trata como si fuera un capricho tributario. Siete potencias –Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, India y China– avanzan en proyectos para cultivar granos andinos, mientras en el Perú la quinua, la kiwicha y la cañihua pagan IGV, pero el arroz y las menestras importadas gozan de exoneración. Es el retrato perfecto de un Estado que prefiere la comodidad del barco extranjero antes que la dignidad de la chacra altoandina.
ADEX ha puesto el dedo en la llaga: pide incorporar quinua, kiwicha y cañihua al Apéndice I de la Ley del IGV. Traducido al castellano llano: dejar de cobrarles el 18 % que hoy encarece el plato del peruano y asfixia al pequeño productor. No se trata solo de un tecnicismo fiscal; es una radiografía política.
Porque mientras el arroz y las lentejas que llegan de Canadá o Estados Unidos entran sin IGV, más de 125 mil familias de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Junín y Huancavelica cargan con el peso de un impuesto que abarata lo de fuera y encarece lo de casa. Es una política pública que opera como castigo a la agricultura familiar y como subsidio silencioso a la dependencia alimentaria.
La ONU reconoce a la quinua como recurso estratégico para la seguridad alimentaria mundial, pero aquí el consumo per cápita apenas bordea los 2,3 kilos al año. ¿De verdad es porque “a la gente no le gusta” o porque el Estado decidió que los súper alimentos sean más accesibles en góndolas gourmet de exportación que en el comedor de una escuela rural? Hablar de lucha contra la desnutrición y, a la vez, gravar con IGV los granos que podrían ayudar a combatirla es una forma refinada de hipocresía.
Si el país permite que sus granos andinos compitan en desventaja tributaria frente a las menestras importadas, está eligiendo modelo: más dependencia, menos soberanía, más abandono del ande. No es “ineficiencia”, es una decisión política que deja al campesino como proveedor barato para el mercado externo y consumidor caro en su propia tierra.
Reflexión final
La próxima vez que un ministro se llene la boca hablando del “orgullo de la quinua peruana”, habría que preguntarle algo simple: ¿por qué el fisco protege al saco de lenteja importada y castiga la chacra que nos dio de comer por siglos? Exonerar el IGV a la quinua, la kiwicha y la cañihua no es un favor: es el mínimo gesto de justicia hacia quienes han sostenido, en silencio y a 3.800 metros de altura, la verdadera riqueza del Perú.