Foto: La República
Que las instituciones llamadas a protegernos sean, a la vez, las más rechazadas del país no es solo una paradoja: es una tragedia política y moral. La reciente encuesta de CPI, difundida por RPP, confirma lo que la calle ya gritaba: más del 70 % de los peruanos desaprueba a la Policía Nacional y más del 80 % rechaza a la Fiscalía de la Nación. En otras palabras, el Perú está atrapado entre la inseguridad creciente y dos instituciones clave que han perdido la confianza ciudadana.
La Policía Nacional, hoy bajo el mando del general Óscar Arriola, carga con un 73,3 % de desaprobación. No es casualidad. Años de corrupción interna, vínculos con mafias, casos de violencia de género y operativos fallidos han ido erosionando cualquier idea de “servicio a la ciudadanía”. A ello se suma la precariedad estructural: falta de recursos, equipos obsoletos, comisarías colapsadas y Estados de Emergencia que se anuncian como shows políticos, pero no cambian la vida diaria de quienes viajan hacinados en transporte público o viven sitiados por el crimen.
La Fiscalía de la Nación, encabezada por Tomás Gálvez, está aún peor: 82,2 % de desaprobación. Mientras el país exige investigaciones serias contra la corrupción y el crimen organizado, el Ministerio Público aparece atrapado en peleas internas, disputas entre fiscales supremas y nombramientos cuestionados. Para muchos ciudadanos, la Fiscalía dejó de ser sinónimo de justicia y se convirtió en un laberinto donde los casos se archivan, se dilatan o se negocian en la sombra.
Que, según los propios estudios citados por CPI, una parte importante de la población ni siquiera sepa quién es el fiscal de la Nación no es un detalle menor: es un síntoma de distancia, desinterés y ruptura entre la ciudadanía y una institución que debería ser el rostro visible de la lucha contra la impunidad.
Cuando Policía y Fiscalía se hunden en niveles récord de rechazo, el mensaje es claro: el Estado ha perdido su capacidad de proteger y de sancionar. La inseguridad no es solo un problema de “delincuentes sueltos”; es el resultado de instituciones desacreditadas que no logran —o no quieren— estar a la altura de su mandato constitucional.
Reflexión final
Un país donde la gente desconfía de quienes deben defenderla se vuelve terreno fértil para la violencia, la justicia por mano propia y los discursos autoritarios que prometen “orden” a cualquier costo. Recuperar la credibilidad de la Policía y la Fiscalía no es un asunto de marketing ni de encuestas; exige reformas profundas, rendición de cuentas real y una ruptura definitiva con la cultura de impunidad. Mientras eso no ocurra, la encuesta de CPI no será solo una fotografía incómoda, sino el espejo fiel de un Estado que ha dejado a su ciudadanía sola frente al miedo.