Foto: Andina
El país suma más de 4.000 casos de COVID-19 en lo que va del año y un repunte sostenido desde agosto, con picos en octubre y noviembre. Lima Metropolitana concentra la mayoría de contagios mientras el Ministerio de Salud administra silencio y opacidad: la Sala Situacional de la semana 48 no se publica y el mensaje implícito es brutalmente claro: “mejor no mostrar”. A puertas de las fiestas de fin de año, el virus reaparece; el Estado, en cambio, juega a la distracción, como si reconocer el problema fuera más peligroso que el propio contagio.
No estamos frente al colapso sanitario de 2020, pero sí ante una advertencia seria que el Gobierno prefiere minimizar. El COVID-19 no se fue: fue borrado del discurso oficial. El incremento de casos, hospitalizaciones y muertes debería activar alertas tempranas, campañas agresivas de información, refuerzo de vacunación y una comunicación transparente, diaria y responsable. En lugar de eso, tenemos cifras atrasadas, reportes incompletos y recomendaciones tibias, casi vergonzantes, sobre mascarillas y ventilación, como si proteger la salud pública fuera un tema menor.
El problema ya no es solo epidemiológico, es ético y político. Un gobierno que ha normalizado los estados de emergencia sin resultados, la improvisación en seguridad y el desorden institucional repite la misma receta en salud: reaccionar tarde, informar poco y confiar en que la gente “se las arregle como pueda”. Ocultar tendencias, minimizar riesgos o dilatarlos en el tiempo es una forma de abandono del deber más básico del Estado: cuidar la vida de su población.
La paradoja es evidente: se toleran aglomeraciones sin control, se empuja a la reactivación “a cualquier costo” y se insiste en que “todo está bajo control”, mientras los datos muestran una base persistente de casos activos, hospitalizaciones que no desaparecen y fallecimientos que se siguen sumando de manera silenciosa. No hay una campaña clara dirigida a jóvenes, adultos mayores y personas con comorbilidades; no hay una narrativa de prevención sostenida; hay, más bien, cansancio institucional y cálculo político.
El repunte de COVID-19 no es un simple “ajuste estadístico”, es el espejo de un Estado que aprendió poco de la tragedia reciente y que hoy tolera la desmemoria como política pública. Un país que lloró tantas pérdidas no puede permitirse trivializar un incremento sostenido de contagios ni tratar la información sanitaria como si fuera un estorbo.
Reflexión final
La verdadera pregunta ya no es si habrá una nueva ola, sino cuánta indolencia estamos dispuestos a aceptar. Cuando el Estado baja la guardia, el virus no negocia. Cada omisión, cada retraso y cada medio dato tienen impacto real en vidas concretas. No se trata de sembrar pánico, sino de exigir algo que este gobierno parece haber relegado al último lugar de su agenda: responsabilidad, transparencia y respeto por la vida de la gente.