Foto: Exitosa
A menos de un año de las elecciones generales de 2026, el país no solo enfrenta extorsiones, sicariato y bandas que disputan territorios: ahora el blanco son los candidatos. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) le ha tenido que recordar por carta al presidente José Jerí algo tan básico como urgente: el Perú no puede llegar a la campaña con la política sometida al miedo y los postulantes haciendo proselitismo “bajo riesgo extremo”. Que los propios gobernadores tengan que suplicar un Plan Nacional de Seguridad Electoral Preventiva es, en sí mismo, una radiografía del desgobierno.
Jerí no heredó un país en paz, pero sí heredó —y repitió— la misma fórmula fracasada: estados de emergencia dictados por inercia, sin diagnóstico, sin metas y sin evaluación, tal como lo hizo Dina Boluarte. Zonas declaradas en “alerta máxima” donde las balas siguen sonando a diario. Mientras tanto, el supuesto “liderazgo” del presidente se resume en recorridos televisados por penales y comisarías, útiles para la foto de portada, inútiles para cambiar la realidad en las calles.
La carta de la ANGR no es un gesto protocolar, es un grito político: sin inteligencia fortalecida, evaluación real de riesgos y presencia policial efectiva coordinada con gobiernos regionales y locales, las elecciones pueden convertirse en una ruleta rusa. No se trata solo de cuidar a figuras nacionales: ya vimos el ataque a balazos contra el precandidato Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul y el asesinato del abogado Percy Ipanaqué en Piura, luego de denunciar el avance del crimen. La campaña 2026 ya huele a pólvora.
Lo más grave es que el gobierno llega a este punto sin un plan integral contra el crimen organizado y, peor aún, sin una estrategia específica para blindar el proceso electoral. No hay hoja de ruta, no hay metas verificables, no hay responsables claros. Solo reacciones dispersas y discursos que culpan a “anteriores gestiones”, como si el poder no estuviera hoy en Palacio.
Cuando los gobernadores se ven obligados a advertir que ninguna organización criminal debe condicionar la participación política, están diciendo lo que el Ejecutivo evita admitir: las bandas ya están intentando marcar la cancha de la democracia. Si el Estado no ocupa ese espacio con firmeza y coherencia, lo llenarán las balas, las amenazas y la autocensura de quienes se atrevan a postular.
Reflexión final
El Perú no puede aceptar que el miedo sea el nuevo árbitro electoral. Un Plan Nacional de Seguridad Electoral Preventiva no es un favor al sistema político, es una obligación mínima con la ciudadanía. Si el gobierno de José Jerí sigue gestionando la seguridad como un calendario de visitas a penales y estados de emergencia de utilería, la elección de 2026 corre el riesgo de ser recordada no por las ideas en disputa, sino por los candidatos que terminaron escondidos, silenciados o muertos. Y cuando la democracia se disputa bajo amenaza, lo que está en juego ya no es un resultado electoral: es la posibilidad misma de seguir llamándonos República.