Foto: Pucp
En Lima y Callao ya existe una tabla de precios para matar: mil, dos mil, diez mil soles según la “importancia” del objetivo. El sicariato dejó de ser excepción para convertirse en servicio disponible en barrios donde el Estado solo entra cuando hay un cadáver que recoger. Mientras el gobierno se envuelve en discursos de “mano dura”, un joven de 19 años puede ser contratado por S/ 2.000 para disparar a un colectivero, como si se tratara de cualquier trabajo temporal. No es solo crimen organizado: es fracaso organizado.
La historia de Jorge Jeremy Pardo, alias “Chato”, no es un caso aislado, es un manual de cómo se fabrica un sicario: Barrios Altos, cuadras controladas por pandillas, salir de noche es sospechoso, conseguir un arma para “defenderse”, empezar robando y terminar aceptando matar “por ajuste de cuentas”. El salto de ratero a asesino no ocurre en el vacío; ocurre en una ciudad donde la vida ajena vale, literalmente, lo que alguien esté dispuesto a pagar.
El coronel Víctor Revoredo describe tres tipos de sicarios: profesionales, oportunistas e improvisados. La categoría más abundante es, precisamente, la más trágica: adolescentes usados como fusibles por bandas que jamás se sientan en el banquillo. El que jala el gatillo va preso —si lo atrapan—; quien pone el dinero y encarga la muerte sigue operando. Así, el Estado celebra capturas mientras el “negocio” permanece intacto.
A la par, las cifras de homicidios se disparan durante el gobierno de José Jerí, con la mayoría de casos asociados a proyectil de arma de fuego. Pero la respuesta oficial se queda en conferencia de prensa y frase contundente, mientras en los barrios el mensaje es otro: hay trabajo para quien esté dispuesto a matar barato.
El sicariato no es solo un delito, es un indicador político. Habla de un país donde es más fácil conseguir un “fierro” que una beca, más rentable eliminar a un rival que confiar en la justicia. Cuando el precio de la muerte es tan bajo, no es solo el asesino el que está de oferta: es la autoridad, es la política criminal, es la idea misma de Estado.
Reflexión final
Si como sociedad aceptamos que un contrato de asesinato pueda costar lo mismo que un televisor en cuotas, el problema no está solo en los gatillos. Está en cada gobierno que administra estadísticas, pero no cambia estructuras; en cada institución que llega tarde; en cada silencio que normaliza. Romper el negocio de cobrar para matar exige algo más que patrulleros y conferencias: exige decidir, de una vez, que la vida humana no puede seguir siendo la mercancía más barata del mercado.