El país parece haber decretado, de facto, el fin de la pandemia. Las cifras oficiales dicen otra cosa. Desde agosto, los contagios de Covid-19 vienen creciendo de manera sostenida; en octubre y noviembre se registraron los repuntes más altos del año y el Perú acumula ya 4.134 casos en 2025, con 66 muertes y más de mil hospitalizaciones. La mayoría de contagios se concentran en Lima Metropolitana, la misma ciudad donde se amontonan la informalidad, el hacinamiento y el transporte público desbordado. Pero en la agenda política, el virus ha sido degradado a tema menor, casi incómodo.
Este nuevo incremento no se da en el vacío. Llega en un contexto de fatiga social, precariedad sanitaria y un gobierno más preocupado por estados de emergencia mediáticos y guerras políticas que por sostener una política seria de salud pública. El Minsa reconoce el aumento de casos, pero comunica tarde, sin claridad y con una Sala Situacional que ni siquiera publica aún la información más reciente. La opacidad estadística es, también, una forma de negligencia: si la ciudadanía no conoce el riesgo con precisión, está desarmada para protegerse.
Que hoy hablemos de “repunte leve” no debería tranquilizar a nadie. El Covid-19 dejó una lección básica: cuando el Estado reacciona tarde, los sistemas de salud pagan el precio y los más vulnerables cargan con las consecuencias. Los 66 fallecidos de este año no son una cifra técnica: son personas mayores, pacientes crónicos, familias que vuelven a escuchar el mismo relato de siempre —“no hubo camas”, “llegó muy grave”— mientras el debate público mira hacia otro lado.
La concentración de casos en Lima revela, otra vez, las fracturas estructurales que no se han corregido: barrios sin ventilación adecuada, centros laborales que nunca incorporaron protocolos reales, transporte público que sigue siendo un espacio perfecto para la transmisión de enfermedades respiratorias. La respuesta oficial se reduce a recordatorios genéricos: “si tiene síntomas, use mascarilla”, “lávese las manos”, “evite aglomeraciones”. Pero no vemos una campaña sostenida de vacunación dirigida a grupos vulnerables, ni coordinación efectiva con municipios, ni información clara sobre disponibilidad de dosis y puntos de atención.
Resulta especialmente grave que, en vísperas de las fiestas de fin de año —cuando se multiplican las reuniones, los viajes y las aglomeraciones—, el mensaje del Estado sea casi inexistente. No se trata de sembrar pánico, sino de ejercer la más elemental ética del cuidado: advertir, orientar, facilitar el acceso a vacunas y pruebas, reforzar la vigilancia epidemiológica y decir la verdad aunque no sea políticamente rentable.
Esta editorial no propone volver a los encierros ni a los miedos de 2020. Propone algo más sencillo y, paradójicamente, más difícil para nuestras autoridades: asumir la responsabilidad. Reconocer el repunte, publicar datos completos y oportunos, transparentar la estrategia y priorizar la protección de quienes siempre pierden primero: adultos mayores, personas con comorbilidades, trabajadores informales que no pueden “quedarse en casa”.
Normalizar el Covid-19 no puede significar ignorarlo. Un Estado que mira a otro lado frente a un virus que sigue circulando envía un mensaje peligroso: la vida de algunos es, otra vez, un daño colateral aceptable. Si algo deberíamos haber aprendido de estos años es que la indiferencia institucional también mata, solo que lo hace en silencio y con boletines estadísticos.