Foto: Meteored
La noticia debería estremecer a cualquier país con reflejos mínimos de salud pública: el Perú figura bajo alerta mundial por tuberculosis resistente a medicamentos, una de las variantes más difíciles y costosas de tratar. No estamos ante un susto mediático ni ante una cifra fría: hablamos de una enfermedad que prospera cuando el Estado llega tarde, cuando el diagnóstico se demora, cuando el tratamiento se interrumpe y cuando la pobreza hace de “acompañante terapéutico” obligado.
El reporte descrito advierte una realidad incómoda: la tuberculosis resistente exige esquemas modernos, continuidad sin fisuras y un sistema capaz de sostener al paciente más allá de la receta. Y, sin embargo, lo que asoma es lo contrario: demoras de semanas —y a veces meses— para iniciar tratamiento; múltiples visitas para lograr un diagnóstico; barreras económicas para movilizarse; y un entramado burocrático que obliga a la gente a enfermar “con paciencia” mientras se llena papelería. En salud, esa paciencia mata.
El problema no es solo clínico: es político y moral. Porque cuando un país reconoce guías, moderniza normas y anuncia esquemas orales acortados, pero no logra masificarlos con equidad, lo que queda no es política pública: es promesa incompleta. Y una promesa incompleta, en tuberculosis resistente, se convierte en abandono del tratamiento, recaídas y más contagios. Es decir: el Estado puede convertirse, por omisión, en un multiplicador del problema que dice combatir.
Este escenario no nació ayer. Arrastra años de improvisación, parches y prioridades cambiantes. Gobiernos van, gobiernos vienen, y la tuberculosis permanece: silenciosa, estigmatizante y letal cuando se la subestima. Hoy, además, se expone una cadena de fallas que no debería tolerarse: retrasos en pruebas oportunas, dificultades de acceso a medicamentos especializados y brechas entre subsectores que hacen que la suerte del paciente dependa de dónde se atiende, no de lo que necesita.
Aquí aparece el fondo del asunto: un país puede tener normas, pero sin gestión real solo acumula documentos. Y un gobierno que administra el calendario —“llegar al veintiocho de julio”— pero no administra la urgencia sanitaria, deja a miles de personas navegando entre el estigma y el desgaste. La tuberculosis resistente no espera la próxima foto, ni el próximo discurso, ni la próxima transferencia presupuestal.
Esta editorial no pide milagros. Pide lo básico: diagnóstico rápido como regla, no como excepción; abastecimiento garantizado; seguimiento comunitario o virtual que reduzca el peregrinaje diario; soporte social y de salud mental para evitar el abandono; y un programa alimentario que funcione con calidad, oportunidad y transparencia. Y, sobre todo, rendición de cuentas: metas públicas, plazos verificables y responsabilidades claras.
La alerta mundial no es una medalla. Es un aviso. Y si el Estado vuelve a reaccionar tarde, la tuberculosis resistente seguirá ganando terreno, no por su fuerza biológica, sino por nuestra debilidad institucional. En salud pública, la indiferencia no es neutral: siempre juega a favor de la enfermedad.