En el Perú donde la salud mental apenas alcanza para cubrir lo urgente, el Congreso ha decidido innovar… pero en el lado equivocado de la historia. Con los casos de ludopatía en aumento —según el Minsa, más de 11 mil atenciones en 2024, afectando sobre todo a adolescentes (12–17) y jóvenes (18–29)—, el Parlamento discute una iniciativa que reduce impuestos a las casas de apuestas en línea. La pregunta no es técnica: es moral.
La nota es brutal por simple: mientras el país observa cómo la adicción se muda al celular —nueve de cada diez apuestas ya serían virtuales, facilitando el acceso y el enganche—, desde el Congreso se empuja un proyecto que “abarata” el riesgo. El Proyecto de Ley N.° 9645, impulsado por la congresista Lady Camones (APP), plantea reducir hasta en 90% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para plataformas nacionales y, para extranjeras, prácticamente desactivarlo. Es decir: más mercado, menos barreras, más consumidores potenciales.
El ISC no es un adorno recaudatorio. Está diseñado para enfrentar externalidades negativas: desincentivar lo que daña, y financiar prevención, tratamiento y educación. Si el propio Estado esperaba recaudar recursos relevantes para sostener campañas y atención especializada, ¿qué sentido tiene dinamitar el instrumento que busca frenar el daño? No se necesita un doctorado para entenderlo: si bajas el costo de una práctica adictiva, amplías el alcance del problema.
Y mientras el Congreso habla de “seguridad jurídica” para empresas y “correcciones” técnicas, la realidad social es otra: jóvenes como “Carlos” usando dinero de pensiones universitarias para apostar, jalando cursos, endeudándose y normalizando conductas de riesgo. Cedro advierte que la ludopatía se comporta como otras adicciones, con deterioro de valores, conductas antisociales y un espiral financiero que puede terminar en préstamos informales, “gota a gota” y más violencia.
Legislar a favor de reducir impuestos a las apuestas digitales en este contexto no es modernidad: es negligencia institucional. El Congreso no está “ordenando el mercado”; está enviando una señal peligrosa: el negocio primero, la salud después.
Reflexión final
El país no necesita más estímulos para la adicción; necesita límites, prevención en colegios y universidades, detección temprana y tratamiento accesible. Si el Parlamento insiste en abaratar el juego, que al menos tenga la honestidad de admitir lo que está haciendo: convertir una crisis de salud pública en una oportunidad de rentabilidad. Y eso, en un Estado que dice proteger a su juventud, no debería pasar ni una votación.