La corrupción en el Perú ya no es un rumor ni una sospecha: es un sistema. La última encuesta de Proética, elaborada por Ipsos Perú, confirma lo que millones viven a diario y lo que el poder insiste en relativizar. El 94% de peruanos vincula directamente la corrupción con las economías ilícitas, mientras el país observa cómo el Estado se descompone entre minería ilegal, tala, coimas normalizadas y un Congreso señalado como el principal foco del problema. No es percepción exagerada: es diagnóstico social.
El dato es demoledor. Para el 93% de ciudadanos, la minería ilegal es un problema grave o muy grave, y para el 92% el Estado no hace lo suficiente para combatirla. Es decir, el crimen organizado no avanza por astucia, sino por abandono. Peor aún: el 42% reconoce que las economías ilícitas son la única vía para conseguir trabajo en sus regiones, una confesión colectiva que revela hasta qué punto la pobreza, la informalidad y la corrupción se han entrelazado como política no escrita.
El retrato institucional es aún más alarmante. El 85% de peruanos identifica al Congreso como la entidad más corrupta del país, pero, paradójicamente, también como la llamada a liderar la lucha anticorrupción. Una contradicción que no es ingenua: es el reflejo de un sistema que se vigila a sí mismo mientras legisla a favor de la impunidad. La ciudadanía lo sabe, lo padece y, sin embargo, lo tolera por cansancio o resignación.
La corrupción cotidiana también ha sido normalizada. Dar propina a un policía, “agilizar” un trámite o conseguir una cama en un hospital ya no escandaliza a una parte importante de la población. El 31% admite haber dado una coima o conocer a alguien que lo hizo, y el 90% no denunció porque no sirve de nada. La corrupción no solo se impone desde arriba: se reproduce porque el Estado ha renunciado a ser confiable.
Este no es un país desinformado, es un país atrapado. El 88% percibe que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, y el 87% cree que seguirá igual o peor. Cuando la ciudadanía pierde la esperanza en la justicia, el delito se vuelve rutina y el abuso se normaliza. La corrupción ya no es una anomalía: es parte del funcionamiento diario del Estado.
Reflexión final
El problema no es que los peruanos “sean corruptos”, como suele repetirse con cinismo, sino que el sistema premia al corrupto y castiga al honesto. Mientras el Congreso, el Gobierno y las instituciones miren a otro lado, las economías ilícitas seguirán siendo el verdadero motor del país. Combatir la corrupción no es un eslogan ni una encuesta más: es decidir si el Perú seguirá siendo rehén del crimen o si, alguna vez, el Estado se atreverá a recuperar su dignidad.