Foto: La República
Lo ocurrido en el Colegio de Abogados del Perú no es una postal cívica ni un gesto simbólico: es una señal de alarma institucional. Cuando abogados, gremios, organizaciones sociales y sectores productivos se ven obligados a firmar un “Acuerdo Histórico Ciudadano” para pedir que se derogue un paquete de leyes que favorecen al crimen organizado, el problema ya no es la delincuencia: es el Estado que la tolera, la normaliza y, en los hechos, la protege.
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, fue directo y preciso. No habló de percepciones ni de temores abstractos. Habló de más de dos mil muertes, de normas que debilitan la persecución penal y de un Congreso que ha decidido sojuzgar a los demás poderes del Estado, empezando por el Ministerio Público. Su mensaje fue inequívoco: para defender la vida, hay que derogar las leyes procrimen. Todo lo demás es maquillaje político.
El señalamiento tiene un destinatario claro: José Jerí. No como figura decorativa del Ejecutivo, sino como actor político con responsabilidad directa. Porque Jerí no solo administra un país desbordado por la criminalidad; también votó a favor de las normas que hoy son denunciadas como un obstáculo para combatirla. Esa contradicción no es un error de cálculo: es una falla ética. No se puede posar frente a cámaras prometiendo seguridad mientras se avalan leyes que facilitan la impunidad. No se puede pedir confianza cuando las decisiones legislativas apuntan en sentido contrario a la justicia.
Desde los gremios de transporte, Miguel Palomino puso palabras a lo que millones sienten en las calles: el Perú vive bajo una dictadura legislativa. No una dictadura clásica, con tanques y censura, sino una más sofisticada y eficaz: la que fabrica leyes a medida del crimen organizado y luego se lava las manos frente al caos. Esa es la verdadera tragedia institucional: un Parlamento que legisla de espaldas al país real y un Ejecutivo que, por acción u omisión, lo permite.
La criminalidad no avanza solo porque existan bandas armadas, sicarios o extorsionadores. Avanza porque el marco legal les abre espacio, porque la justicia es debilitada deliberadamente y porque la política ha decidido convertir la inseguridad en una variable administrable. En ese contexto, hablar de “gestos”, “operativos” o “mensajes a la Nación” resulta ofensivo. Lo que falta no es discurso, sino decisión.
El anuncio de acciones ante la CIDH y la OEA no es una exageración retórica. Es el reflejo de un país que empieza a perder confianza en sus propios mecanismos de corrección democrática. Cuando la ciudadanía debe mirar fuera para pedir amparo, es porque dentro las puertas se han cerrado. Y cuando se cierran desde el Congreso, el daño es estructural.
Esta editorial no apela a salidas autoritarias ni a soluciones simplistas. Apela a algo más básico y urgente: coherencia democrática. Derogar las leyes procrimen no es una concesión política; es una obligación moral. Revertir el desmantelamiento institucional no es una agenda ideológica; es una condición mínima para que el Estado vuelva a existir como garante de derechos.
Si José Jerí quiere algo más que sobrevivir políticamente, debe empezar por romper con la complicidad silenciosa. De lo contrario, su gestión quedará registrada no como un intento fallido de orden, sino como un eslabón más en la cadena de decisiones que entregaron el país al miedo. Porque cuando el crimen avanza amparado por la ley, la democracia deja de ser imperfecta y empieza a ser rehén.