Foto: RPP
En Chiclayo, Rafael López Aliaga soltó una frase que busca aplausos rápidos: propone “chuponear legalmente” las llamadas extorsivas para ubicar a los delincuentes. En un país donde la extorsión ya no es delito aislado, sino sistema de cobro del miedo —en transporte, comercio y barrios enteros— cualquier oferta de orden suena tentadora. Pero hay una línea fina entre perseguir criminales y normalizar el Estado fisgón. Y esa línea no se borra con un eslogan.
Interceptar comunicaciones puede ser útil, sí. Nadie discute que la tecnología y la inteligencia deben jugar un papel central contra redes que operan con chips descartables, llamadas desde penales y estructuras que se reciclan más rápido que las investigaciones. Incluso RPP ha reportado casos antiguos donde el “cruce de llamadas” y acciones coordinadas permitieron desarticular bandas que extorsionaban desde un penal. El punto no es la herramienta; es el marco. Cuando un candidato habla de “grupos de élite” y de “invertir billete” recortando “burocracia” y “consultorías”, está vendiendo una narrativa: fuerza, velocidad, mano dura.
Pero la seguridad no puede depender del temperamento del gobernante ni de la épica del operativo. Depende de controles. ¿Quién autoriza la interceptación? ¿Con qué estándar probatorio? ¿Cómo se limita el alcance? ¿Qué auditoría externa lo fiscaliza? ¿Qué sanción cae si se usa para perseguir rivales, periodistas, fiscales incómodos o ciudadanos “molestos”? En el Perú, la palabra “chuponeo” no es neutra: carga memoria histórica de abuso y espionaje político. Llamarlo “legal” no es garantía; es, a lo mucho, una promesa que debe probarse con reglas, no con adjetivos.
Además, López Aliaga plantea alianzas con El Salvador y Estados Unidos para “aprender” del combate a la inseguridad. Aprender está bien; copiar sin contexto es peligroso. La seguridad sostenible también exige investigación financiera (seguir el dinero), control penitenciario real, fiscales con recursos, policías con trazabilidad operativa y un sistema judicial que no se derrumbe por corrupción o informalidad.
La extorsión necesita respuesta firme. Pero si la solución se resume en “interceptar” como si fuera botón mágico, se corre el riesgo de cambiar un terror por otro: del miedo al delincuente al miedo al Estado.
Reflexión final
Un país asediado puede aceptar atajos. Y ahí está el truco: los atajos suelen ser muy eficientes… para recortar derechos. La pregunta ciudadana no es “¿interceptamos o no?”, sino “¿quién vigila al que vigila?”. Esa es la única seguridad que no debería negociarse.