En Ayacucho, el calendario no pasa: pesa. Porque el 15 de diciembre de 2022 no fue “una fecha”, fue una tarde en la que el Estado dejó de ser Estado y se volvió disparo. Diez peruanos murieron y el país, en lugar de abrir una puerta a la justicia, abrió un expediente al olvido. Hoy, tres años después, el dolor sigue caminando con las familias, mientras el poder camina —bien peinado— hacia la impunidad.
No hay manera elegante de decirlo: la justicia peruana llega tarde a propósito. Diligencias clave recién en 2025; reconstrucciones, pericias y pasos “finales” cuando ya han pasado tres inviernos y tres navidades sin respuesta. En el Perú, la justicia no es ciega: es lenta por conveniencia. Y esa lentitud no es técnica: es política. La demora es una forma de castigo que no figura en ningún código, pero se aplica a diario: castigo a los deudos, a los huérfanos, a los heridos que cargan balas como si fueran sellos oficiales dentro del cuerpo.
Y aquí hay un nombre que no puede quedar flotando en la niebla: Dina Boluarte. La responsabilidad política no se evapora con el cambio de gobierno ni se lava con frases de manual. Si en su gestión hubo muertos por munición de guerra y luego hubo blindajes, silencios y excusas, entonces el poder hizo lo que siempre hace cuando teme a la verdad: se protegió a sí mismo.
Pero la crueldad institucional no termina en el Palacio: se perfecciona en el Congreso. Mientras las familias rezan, algunos legislan como quien borra huellas: propuestas para eximir de responsabilidad penal a militares y policías en contextos de protesta, como si el país necesitara más permiso para disparar y menos obligación de rendir cuentas. Es el cinismo convertido en norma: no buscan justicia, buscan garantías de impunidad.
Y luego viene el insulto final, el “terruqueo” como coartada: la etiqueta fácil para justificar lo injustificable. Como si una palabra pudiera devolver la bala al fusil, como si el estigma pudiera reemplazar a la prueba. Pero la investigación no ha demostrado vínculos terroristas en las víctimas. Lo que sí demuestra la historia reciente es otra cosa: cuando el Estado no puede explicar, difama; cuando no puede reparar, estigmatiza; cuando no puede juzgar, legisla para olvidar.
Ayacucho no está recordando: está denunciando. Denuncia un país donde los muertos tienen ceremonia, pero no sentencia; donde los culpables tienen defensa, pero no investigación eficaz; donde el poder se indigna en cámaras, pero se ausenta en fiscalías. Tres años después, la pregunta no es “qué pasó”: la pregunta es por qué el Estado sigue sin responder.
Reflexión final
La memoria, en Ayacucho, no es un monumento: es un llanto que no se seca. Y los nombres —los nombres son la cuerda que impide que la impunidad cierre la historia—: Christopher Ramos Ayme (15), Josué Sañudo Quispe (31), Jhon Mendoza Huarancca (34), Raúl García Gallo (35), Clemer Fabricio Rojas García (22), Luis Urbano Sacsara (22), Edgar Prado Arango (51), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo Hancco Chaca (32) y Jhonatan Alarcón Galindo (19).
Diez vidas truncadas en una tarde. Tres años de silencio institucional. Y una verdad que duele porque es simple: cuando el Estado se demora, también dispara.