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En un país donde la inseguridad se vuelve rutina, la salud pública vuelve a encender alarmas y la economía familiar aprieta, el Estado sostiene —con dinero de todos— un sistema de partidos que no rinde cuentas ni produce representación de calidad. El financiamiento público no es el problema en sí; el problema es cómo se usa, cómo se fiscaliza y a quién termina beneficiando.
Según reportes difundidos, al término del actual Parlamento (julio de 2026) los partidos con representación congresal habrán recibido casi S/78 millones en financiamiento público. Ese dinero, que existe para fortalecer organizaciones políticas, formar cuadros y mejorar la democracia, se ha convertido —en demasiados casos— en un gasto que no se traduce en mejores candidatos, mejores ideas ni mejores leyes.
Aquí está el nudo: el financiamiento estatal se defiende cuando eleva estándares. Pero en el Perú no eleva nada. Mientras el ciudadano paga impuestos para sostener hospitales que no dan abasto, colegios con brechas y ciudades sitiadas por el delito, la política recibe recursos y devuelve espectáculo, blindajes, transfuguismo y una producción legislativa que muchas veces parece diseñada para sobrevivir, no para gobernar.
El resultado es obsceno por contraste: con ese monto se podrían financiar obras y servicios concretos en territorios olvidados. Y, aun así, la prioridad institucional sigue siendo mantener aceitada la maquinaria partidaria, aunque el país esté en modo “resistencia”.
No es solo culpa de “los partidos” como entes abstractos: es culpa de dirigencias que administran la política como club privado, de bancadas que se desintegran pero siguen cobrando como si conservaran su fuerza original, y de un Congreso que no muestra voluntad real de corregir el sistema porque es juez y parte. La propia discusión pública ha recogido propuestas de reforma para recalcular el financiamiento de forma periódica (por ejemplo, anual) según representación efectiva, precisamente para cortar incentivos perversos.
Que nadie se confunda: sin financiamiento público, la política puede quedar aún más capturada por dinero informal. Pero mantenerlo sin cirugía es peor: normaliza la mediocridad subsidiada y premia estructuras que no forman ciudadanía, sino planillas.
Si el financiamiento público seguirá existiendo, debe tener condiciones estrictas: transparencia total, trazabilidad del gasto, límites reales al uso para fines administrativos, sanciones inmediatas por desvíos y una regla elemental de justicia: si una bancada se desintegra, el monto no puede seguir intacto. El dinero público debe financiar democracia, no costumbre. Porque cuando la política se paga sin resultados, lo que se subvenciona no es la representación: es el fracaso.