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Hay momentos en los que la política deja de disimular. El reciente comportamiento de ciertos congresistas frente a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no es un exceso verbal ni un arrebato aislado: es la expresión desnuda de una práctica sistemática. Usar el poder delegado para intimidar, perseguir y castigar a quienes cumplen la ley. Cuando el Parlamento actúa así, no legisla: cobra cuentas.
El episodio desatado tras la anulación de elecciones internas partidarias —por denuncias de fraude y manipulación— expone una lógica preocupante. En lugar de aceptar el fallo del árbitro electoral o encauzar sus reclamos por la vía legal, se optó por la amenaza pública y la acusación directa contra los magistrados del JNE. No fue una discrepancia técnica: fue un mensaje político. Uno de esos que buscan marcar territorio y advertir consecuencias.
El fondo del asunto es aún más grave. Presentar acusaciones constitucionales contra autoridades electorales en pleno proceso, con conflictos de interés evidentes, constituye una intromisión grosera en la función electoral. Es, en términos prácticos, un intento de condicionar al árbitro antes de que empiece el partido. ¿Se pretende un JNE dócil? ¿O simplemente amedrentar para que nadie vuelva a decidir sin mirar al Congreso?.
Este no es un hecho aislado. El patrón se repite: primero se desacredita, luego se amenaza, finalmente se sanciona. Así ocurrió con otros organismos de control. El mensaje se repite con crudeza: la ley es tolerable solo cuando no incomoda. El resultado es un Parlamento que abandona su rol institucional y asume uno más rentable para sus intereses: el de tribunal político a conveniencia.
Lo más revelador es que esta ofensiva se produce para encubrir errores y disputas internas. Las propias voces partidarias reconocen que la crisis es autoinfligida. Sin embargo, la responsabilidad se externaliza y el castigo se dirige contra quienes se atrevieron a cumplir su mandato constitucional. La democracia, en esta lógica, deja de ser un sistema de reglas y pasa a ser un campo de represalias.
Un Congreso que amenaza al sistema electoral no defiende la representación; la vacía. No fortalece la democracia; la debilita. Y no honra el mandato ciudadano; lo instrumentaliza. La independencia de los árbitros no es negociable, menos aún cuando se aproxima un proceso electoral decisivo. Cruzar esa línea es convertir el poder en arma.
Reflexión final
La historia reciente enseña que el abuso empieza cuando se normaliza. Por eso, la ciudadanía no puede mirar al costado. El 12 de abril de 2026 no será solo una elección: será un juicio político y ético. Recordar quién usó el poder para intimidar y quién defendió la ley es una obligación democrática. Porque cuando el Congreso amenaza a la ley, lo que está en juego no es un partido político, sino el futuro mismo de la democracia.