Foto: Mapfre
El desabastecimiento de vacunas contra la influenza en Lima Metropolitana golpea, sobre todo, a quienes menos margen tienen para “esperar”: los adultos mayores. No es un inconveniente menor ni un problema “de temporada”. Es una falla de gestión que deja sin protección a un grupo de alto riesgo justo cuando la circulación del virus aumenta y la prevención debería estar garantizada.
La escena se repite: personas mayores llegan a un establecimiento de salud para vacunarse y encuentran lo mismo: “no hay stock”, “se agotó”, “vaya a otro centro”, “no sabemos cuándo llega”. Ese recorrido forzado —de posta en posta— no es una anécdota. Es una forma concreta de maltrato institucional. Traslada al ciudadano el costo del desorden: tiempo, dinero, esfuerzo físico y, en muchos casos, frustración y abandono.
Pero el problema no se limita a Lima. La alerta es nacional porque el desabastecimiento revela algo más profundo: la debilidad del sistema para planificar, distribuir y reponer oportunamente insumos básicos. Y cuando, además, existen denuncias sobre miles de vacunas vencidas por ineficiencia, lo que queda expuesto no es escasez: es pérdida por mala administración. En un país con brechas de cobertura, permitir que caduquen dosis mientras faltan en los centros de salud es una señal de descontrol y ausencia de supervisión.
Este episodio no ocurre en el vacío. La salud en el Perú arrastra años de deterioro que se agudizó con el desgobierno y la inestabilidad política. La ciudadanía percibe un colapso cotidiano: hospitales sin medicamentos, citas que no llegan, falta de personal, equipos inoperativos e infraestructura que se cae. Cuando el primer nivel de atención —el que debería prevenir para evitar complicaciones— falla, el sistema empuja a los pacientes hacia emergencias y hospitalizaciones. Es una cadena de decisiones mal tomadas, sostenida por autoridades que no corrigen a tiempo y que no rinden cuentas.
La vacunación contra la influenza es una intervención básica y costo-efectiva. Si el Estado no puede asegurarla para los grupos vulnerables, está incumpliendo su obligación mínima de protección sanitaria y aumentando riesgos evitables.
Reflexión final
El Perú no está “entrando a UCI” por fatalidad: se deteriora por decisiones y omisiones. Cuando un adulto mayor se va sin vacuna, el daño no es solo clínico; es ético. La pregunta que corresponde es directa: ¿quién responde por el desabastecimiento, por las dosis perdidas y por el riesgo trasladado a la población? Sin responsables, la negligencia se convierte en norma.