Foto: La República
Hay una forma de corrupción que no necesita maletines, audios ni firmas clandestinas: basta con llegar tarde. La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP ha quedado bajo una sospecha tan corrosiva como verosímil en el Perú de hoy: que la ineficiencia, cuando se repite en casos de alto perfil, termina pareciéndose demasiado a un sistema. Y cuando el sistema “falla” siempre en el mismo punto —el momento decisivo—, la ciudadanía no ve errores: ve protección.
El patrón que une los nombres de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo es simple y devastador. Existieron pedidos fiscales, resoluciones judiciales, autorizaciones para allanamientos, detenciones preliminares y levantamientos de comunicaciones. Sin embargo, la ejecución llegó con retraso. En el caso de Cerrón, la orden fue otorgada con rapidez, pero el allanamiento se realizó trece horas después. Trece horas en una operación de captura son una eternidad: equivalen a una puerta abierta, a una ventana de escape, a un margen perfecto para la clandestinidad. El resultado fue el que se escribe solo: Cerrón no estaba. Se encontró a un allegado con requisitoria, se grabó el operativo, se mostraron imágenes, pero el objetivo principal volvió a evaporarse.
Con Óscar Acuña, la demora fue de cinco días. Cinco días entre la autorización judicial y la acción policial. En investigaciones por presunto tráfico de influencias y redes que se mueven en el terreno del poder y los contactos, el tiempo no es un detalle técnico; es el instrumento que define el éxito o el fracaso. La dilación produjo lo previsible: el investigado fue declarado no habido. Y el Estado —otra vez— quedó en posición de explicar por qué llegó después de que el escenario ya había sido reordenado.
El caso de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, agrava aún más la fotografía institucional. Con una resolución judicial emitida y notificada, el operativo se ejecutó seis días después. Cuando la Policía llegó, el inmueble estaba en remodelación y la diligencia fue declarada infructuosa. Se ofrecieron razones operativas: coordinación para elaborar el plan de acción, ejecución conjunta con Fiscalía. Pero el país no necesita más justificaciones administrativas; necesita resultados. Y, sobre todo, necesita entender por qué la “burocracia” aparece veloz para hostigar al ciudadano común, pero lenta cuando se trata de presuntos entramados de corrupción.
Aquí está el fondo moral del problema: la negligencia reiterada no es neutral. En la práctica, beneficia al investigado y castiga a la sociedad. Debilita casos, rompe el efecto sorpresa, permite desaparición de evidencias, siembra dudas en fiscales y jueces, y alimenta una percepción que ya es casi certeza en la calle: que la justicia tiene dos velocidades. Una para los de abajo. Otra —más cómoda, más lenta— para los de arriba.
No se trata de insultar a la institución ni de convertir cada demora en conspiración. Se trata de exigir rendición de cuentas con estándares mínimos de profesionalismo. Si hubo fallas, deben identificarse responsables, corregirse protocolos, auditar decisiones y transparentar la cadena de mando. Si hubo omisiones graves, deben sancionarse. Porque cuando un prófugo se fuga, no solo escapa una persona: se fuga la autoridad del Estado.
Y un país sin autoridad legítima es un país a merced de la delincuencia, la corrupción y el cinismo. La democracia no se sostiene con discursos, sino con instituciones capaces de actuar a tiempo. Si Dircocor no llega cuando debe, el mensaje es claro: la justicia existe, pero no alcanza. Y cuando la justicia no alcanza, lo que crece no es la esperanza, sino la impunidad.