Foto: Congreso
Un país mide su civilización por cómo protege a quienes están en mayor riesgo. Y en el Perú de 2025, la cifra es una bofetada: 1,636 policías denunciados por violencia física, psicológica, sexual y económica entre enero y octubre, pero solo 196 detenidos. En cualquier democracia funcional, esto sería sirena, crisis y reformas inmediatas. Aquí, en cambio, se archiva como estadística y se disimula como “casos aislados”.
La tragedia no es solo la denuncia: es la impunidad operativa. Si la Policía —institución llamada a proteger— aparece como agresor recurrente, el mensaje para miles de mujeres es perverso: “denunciar puede ser inútil”. Y para los victimarios, el mensaje es aún peor: “el sistema tolera”. La República documenta un patrón nacional con focos fuertes en Lima (594), Arequipa (124) y Puno. La violencia psicológica lidera (1,041), seguida de la física (516). No son números fríos: son hogares rotos, silencios forzados y miedo administrado.
El telón de fondo agrava la escena: más de 107 mil mujeres han sufrido violencia en 2025, con una tasa de formalización de denuncias dolorosamente baja (por ejemplo, alrededor del 12% en violencia física y cerca del 10% en violencia sexual, según los registros citados). ¿Por qué tan poco? Porque denunciar también es exponerse: a la revictimización, al trámite interminable, a la indiferencia, al “vuelva mañana”.
Y mientras las cifras suben, el Congreso ensaya retrocesos: una “nueva ley de igualdad” que elimina el enfoque de género de políticas y documentos públicos, como si cambiar palabras resolviera la violencia. En paralelo, se impulsa reemplazar el delito de feminicidio por “asesinato de la pareja”, una cirugía semántica que especialistas alertan como riesgosa para reconocer la violencia basada en género. Cuando el incendio avanza, aquí se discute el nombre del extintor.
La pregunta incómoda no es cuántos policías fueron denunciados. Es cuántas mujeres dejaron de denunciar porque el Estado no les ofrece garantías.
Reflexión final
Si 1,636 denuncias terminan en 196 detenciones, no estamos ante “manzanas podridas”: estamos ante un sistema que no corta la cadena. Y un país que normaliza esa brecha, tarde o temprano, termina protegiendo más el uniforme que a la víctima.
La República
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