Foto: Servindi
Ucayali ya no es una advertencia: es un síntoma. El narcotráfico no está “avanzando”; está ocupando. Y lo hace frente a un Estado que observa, reacciona por inercia y decreta emergencias como quien firma constancias de presencia. El desplazamiento del eje cocalero hacia la Amazonía no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de incapacidad política, desgobierno sostenido y una alarmante falta de estrategia frente al crimen organizado.
Las cifras son claras y brutales. En pocos años, los cultivos de hoja de coca en Ucayali se han multiplicado de forma exponencial, al punto de convertir a la región en el nuevo epicentro de la producción y salida de cocaína. Narco-pistas, laboratorios, rutas fluviales y organizaciones criminales transnacionales operan con una lógica empresarial más eficiente que la del propio Estado. El mensaje es inequívoco: donde el Estado no gobierna, el narcotráfico administra.
Lo más grave no es solo el crecimiento del problema, sino la respuesta política. Los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte dejaron pasar el tiempo entre improvisaciones, crisis internas y parálisis. Hoy, bajo la gestión de José Jerí, el libreto no ha cambiado: no existe un plan integral de lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal ni la inseguridad ciudadana. Lo único constante son los estados de emergencia, dictados más como reflejo automático que como parte de una estrategia. Emergencias sin conducción, sin metas, sin evaluación. Emergencias para la foto, no para el control territorial.
Mientras tanto, la violencia se normaliza. Bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y el control de economías ilegales operan con total desparpajo. El país ya no discute si hay crimen organizado, sino cuánta porción del territorio ha sido cedida por omisión. La amenaza de convertirnos en un narco-Estado ya no es retórica alarmista: es una posibilidad concreta cuando las economías ilegales superan en recursos, presencia y capacidad de coerción al propio Estado.
En este escenario, la repotenciación de la cooperación antidrogas con Estados Unidos —materializada en la entrega de helicópteros UH-60 Black Hawk— expone una paradoja incómoda. Es una ayuda necesaria, sí. Pero también es una evidencia de fracaso interno. Que la reacción más contundente provenga del exterior revela que el Perú no está liderando su propia defensa frente al narcotráfico. La soberanía no se declama; se ejerce. Y hoy, en vastas zonas del país, simplemente no se ejerce.
Erradicar cultivos y destruir pistas clandestinas es indispensable, pero no suficiente. Sin atacar el lavado de activos, el financiamiento ilegal, la corrupción local y la ausencia del Estado en servicios básicos, la erradicación es apenas un paréntesis. El narcotráfico vuelve porque el vacío sigue ahí. Y el vacío es político, institucional y moral.
Una editorial no está para maquillar la realidad. Está para decirla con claridad. Ucayali es el nuevo VRAEM porque el Estado llegó tarde, mal y sin plan. Y mientras se siga gobernando con decretos reactivos y discursos vacíos, el crimen organizado seguirá avanzando con método, paciencia y ambición. La pregunta ya no es si el Perú puede frenar esta expansión. La verdadera pregunta es cuánto más está dispuesto a perder antes de reaccionar en serio.