Rafael López Aliaga propone enviar a todos los sicarios a “colonias de trabajo” en la selva. La frase suena extrema, sí, pero no nace del capricho: nace del miedo cotidiano, del negocio de la extorsión, del cupo convertido en “impuesto” y de los asesinatos que ya no escandalizan porque se repiten demasiado. Cuando el Estado se vuelve espectador, cualquier propuesta que prometa orden gana aplausos inmediatos. El problema es que el crimen no creció por falta de frases duras, sino por exceso de desgobierno.
Lo ocurrido en los últimos años tiene responsables políticos. Con Pedro Castillo se consolidó el caos como forma de gobierno; con Dina Boluarte se normalizó la administración de la crisis; y ahora, con José Jerí, el país observa el mismo patrón con un maquillaje distinto: sin plan nacional, sin estrategia integral y con un recurso agotado como bandera —el estado de emergencia— que se anuncia como solución pero funciona como placebo. Se decreta, se despliega, se toma la foto… y el cupo se sigue pagando.
Jerí recorre cárceles, comisarías y regiones con una coreografía que busca transmitir “mano firme”. El detalle es que el crimen no se combate con poses. Se combate con inteligencia operativa, investigación criminal seria, control real de penales, persecución del dinero ilícito, protección a testigos y víctimas, depuración policial y coordinación fiscal-judicial. Nada de eso se reemplaza con visitas, uniformes y discursos. La seguridad no se terceriza a la prensa.
En ese vacío aparece la propuesta de López Aliaga: colonias de trabajo como castigo y disuasión. El planteamiento puede interpretarse como un golpe de autoridad frente a un Estado que parece rendirse. Pero conviene decirlo sin romanticismo: mandar delincuentes “a la selva” no es un plan de seguridad; es un símbolo. Puede ser útil como parte de una política penitenciaria estricta, siempre que respete la ley y no se convierta en un atajo autoritario. Si no hay captura efectiva, investigación y condena firme, no habrá colonia que alcance: la impunidad seguirá produciendo sicarios.
La propuesta de López Aliaga pone una discusión necesaria sobre la mesa: consecuencias reales frente al crimen organizado. Pero también desnuda la tragedia mayor: hemos llegado a un punto donde una idea punitiva parece más sólida que el gobierno.
Reflexión final
El país no necesita espectáculos de seguridad ni emergencias eternas. Necesita un plan nacional con metas medibles y resultados verificables. Jerí no puede gobernar “hasta llegar” al 28 de julio de 2026 como si el Perú fuera una sala de espera. Y López Aliaga, si quiere que su propuesta sea más que un titular, debe demostrar viabilidad legal y eficacia real. Porque cuando el Estado improvisa, el crimen no solo avanza: se instala.