Foto: Servindi.
Decir que el 2025 fue un “año nefasto” para el periodismo peruano no es hipérbole: tres periodistas fueron asesinados en lo que va del año, cada uno silenciado por disparos de sicarios por hacer su trabajo de investigar poder, corrupción y crimen. Gastón Medina, Raúl Celis López y Juan Fernando Núñez Guevara no murieron por casualidad: murieron porque en el Perú informar se volvió un riesgo de vida y la protección estatal sigue siendo letra muerta.
Gastón Medina, director de Cadena Sur TV en Ica, fue asesinado a balazos frente a su vivienda en enero, tras recibir amenazas explícitas por sus investigaciones sobre corrupción local. Raúl Celis López, con décadas de trayectoria y conductor en Iquitos, fue abatido por sicarios en plena vía pública en mayo, apenas camino a su trabajo de cuestionar abusos e irregularidades.
Y en diciembre, Juan Fernando Núñez Guevara, director de Kamila TV en Pacasmayo, fue interceptado y ejecutado mientras volvía de una cobertura periodística. Tres asesinatos en un solo año suponen una ruptura histórica para un país que, hasta hace poco, no vivía fenómenos de violencia directa contra periodistas en su vida profesional.
Estos homicidios no son incidentes aislados ni “cosas de delincuencia común”: comparten modus operandi, contexto y objetivo: silenciar a quienes exponen verdades incómodas. La violencia se ha convertido en herramienta de control social, no solo un fracaso de seguridad, sino un fracaso de la política y la justicia.
Peor aún, el Estado presume un “mecanismo de protección” para defensores de derechos humanos y periodistas que, en los hechos, opera como un papel decorativo. Cuando el mecanismo de protección no evita el asesinato de comunicadores, no protege: traiciona la esencia democrática de una sociedad libre.
La caída de Perú en el ranking de libertad de prensa —53 puestos en apenas dos años— no es anecdótica; es el síntoma de un país donde el poder público no solo tolera la violencia, sino que, en ocasiones, contribuye a crear un clima de impunidad que invita a repetirla.
Un periodista asesinado es una tragedia; tres, en un mismo año, son una alerta roja para la democracia peruana. El mensaje que queda para quienes investigan y cuestionan es claro: si tocan intereses poderosos, pueden morir.
Reflexión final
Sin libertad de prensa protegida, no hay libertad real. Un Estado que no garantiza la seguridad de sus periodistas no garantiza la verdad ni el derecho a saber de la ciudadanía. La impunidad —administrativa, judicial y política— se ha convertido en la principal arma contra la verdad. El Perú no necesita más discursos: necesita justicia efectiva y protección real para quienes se atreven a hablar.