Foto: Lima Gris.
José Jerí no ha sido capaz de liderar ni de convocar a todos los sectores para construir un Plan Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. En su lugar, insiste en prorrogar estados de emergencia —la misma receta aplicada durante el gobierno de Dina Boluarte— pese a que los resultados en la calle han sido pobres. La delincuencia avanza sin cesar mientras el Ejecutivo gobierna por inercia.
El Gobierno amplía, una vez más, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Se mantienen restricciones de derechos y la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía. La promesa oficial es “enfrentar la criminalidad”. Sin embargo, las extorsiones continúan, los atentados no se detienen y los homicidios siguen marcando la agenda cotidiana. La evidencia empírica es contundente: la prórroga no ha cambiado la tendencia.
El problema no es declarar una emergencia; el problema es repetirla como sustituto del plan. Jerí ha optado por el atajo administrativo porque evita la tarea más compleja y políticamente costosa: conducir una estrategia integral con metas, presupuesto, responsables y evaluación pública. La emergencia ofrece imagen —uniformes, patrullajes, conferencias—, pero no arquitectura. El crimen, en cambio, sí tiene arquitectura: cobra, financia, arma, corrompe y manda.
Un plan serio exigiría liderazgo real y convocatoria efectiva. Sentar en una misma mesa —con decisiones vinculantes— a Interior, Justicia, Defensa, Economía, Fiscalía, Poder Judicial, INPE, Sunat, UIF, gobiernos regionales y municipales; integrar transporte, telecomunicaciones y sectores sociales; y atacar simultáneamente los núcleos del negocio criminal: extorsión, armas, lavado de activos, corrupción interna, mando desde penales y control territorial sostenido. Nada de eso se reemplaza con decretos de 30 días.
La insistencia en la prórroga revela una carencia de conducción. Se gobierna por repetición porque la repetición no exige medir. Un plan integral se audita; una emergencia se renueva. Y mientras el Estado se acostumbra a la excepcionalidad, el delito se acostumbra a convivir con ella y a superarla. La normalización de la excepción tiene un costo democrático: se restringen derechos sin resultados verificables, se erosiona la legitimidad y se instala la resignación ciudadana.
Hay, además, una confusión peligrosa entre escenografía y Estado. Recorrer cárceles y comisarías no desmantela redes. Copiar la estética de “mano dura” sin condiciones institucionales no corta el dinero ni el mando criminal. La seguridad no es turismo institucional ni guion importado; es inteligencia interoperable, persecución financiera, control de armas, protección a víctimas y testigos, y depuración sostenida.
Jerí insiste con los estados de emergencia porque no ha construido el plan que el país necesita. Al repetir la receta fallida, no corrige el rumbo: lo certifica. Y mientras el Ejecutivo gobierna por prórroga, la delincuencia gobierna por estrategia. La seguridad no se decreta cada 30 días; se construye con liderazgo, coordinación y resultados. Persistir en la emergencia sin plan no es gobernar: es administrar el fracaso mientras el crimen avanza sin cesar.