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Hay países donde dejar la presidencia significa escribir memorias, rendir cuentas y asumir el juicio de la historia. En el Perú, a veces significa algo más práctico: preguntar primero por la pensión. Dina Boluarte solicitó una pensión vitalicia apenas diez días después de salir de Palacio, y el Congreso declaró improcedente el pedido. La noticia, más que legal, es simbólica: retrata una política que cree que el Estado existe para premiar el cargo, no para evaluar la conducta ni los resultados.
El razonamiento es simple: la pensión vitalicia se reserva para expresidentes elegidos por voto popular y que hayan completado el periodo. Boluarte llegó por sucesión y no terminó mandato. Punto. En un país acostumbrado a estirar normas según el apellido o el cálculo, que se aplique el requisito debería ser normal. Pero aquí lo normal se volvió excepcional, porque la costumbre ha sido otra: convertir la ley en un corredor con puertas “especiales”.
Lo más irritante no es solo el pedido, sino el reflejo. Mientras el país todavía lidiaba con las consecuencias políticas de su salida, la exmandataria movió la maquinaria para asegurar un beneficio de por vida. No se trató únicamente de pensión: también buscó facilidades propias de expresidentes, como seguridad, asesoría, vehículo, seguros y combustible. Es decir, la lógica fue clara: primero el paquete, luego —si queda tiempo— la explicación.
Y aquí aparece el problema estructural: el Congreso puede negar la pensión, pero otros beneficios podrían seguir fluyendo porque no están regulados con la misma claridad y dependen de acuerdos internos. Traducido: se cierra la puerta principal para la foto, pero se deja una ventana abierta para que el privilegio entre por detrás. Esa es la receta perfecta para que la ciudadanía concluya lo obvio: que el sistema no se diseñó para la meritocracia democrática, sino para la autoprotección de élites.
Negarle la pensión a Boluarte no es un acto heroico del Congreso: es el mínimo cumplimiento de una regla. Lo verdaderamente urgente es cortar la ambigüedad que permite que el privilegio sobreviva aun cuando la legitimidad no alcanza.
Reflexión final
El poder no es una pensión privada ni una jubilación dorada financiada por un país en crisis. Si la política quiere recuperar algo de respeto, debe empezar por entender esto: la salida del cargo no puede ser el inicio de un beneficio automático, sino el inicio de la rendición de cuentas.