Foto: El Buho
Las extorsiones en el Perú ya no “suben”: se instalan. Y cuando un delito se vuelve rutina, deja de ser un problema policial para convertirse en una señal de Estado fallido en lo básico: proteger. Este 2025, las cifras alcanzaron niveles históricos: 25,196 denuncias según Sidpol-PNP y 27,029 para el Ministerio Público. Dos cifras oficiales para el mismo horror. Si ni siquiera podemos contar bien el miedo, ¿cómo pretendemos reducirlo?.
Los números no son fríos cuando tienen nombres. Este año fueron asesinados 68 transportistas y 184 colegios fueron blanco de extorsión. Eso significa que el crimen no solo cobra cupos: cobra rutas, cobra aulas, cobra tranquilidad. Y del 3 de noviembre al 10 de diciembre, se reportaron 600 delitos en Lima Metropolitana y Callao, con Comas, Ate y San Juan de Lurigancho como epicentros. No es “sensación de inseguridad”: es ocupación criminal de zonas donde el Estado llega tarde, llega poco o llega solo para la foto.
La extorsión, además, se modernizó mejor que el gobierno. WhatsApp, llamadas, amenazas presenciales, disparos, audios, videos: el terror tiene “atención multicanal”. Mientras tanto, el ciudadano denuncia y queda expuesto; pide protección y recibe trámites; exige resultados y recibe discursos. El crimen organizado opera con método porque sabe que la reacción estatal es lenta y fragmentada.
Y aquí viene la responsabilidad política que nadie quiere cargar: Castillo fracasó, Boluarte continuó el fracaso y Jerí lo consolida. Tres gobiernos, tres estilos, un mismo saldo: bandas más fuertes, más armas, más cupos, más muertos. No fue falta de diagnósticos: sobran. Fue falta de decisión sostenida. Porque combatir crimen organizado no es una temporada de operativos ni una colección de estados de emergencia; es inteligencia, control territorial, persecución del dinero, sistema penitenciario bajo control real, coordinación con fiscalías, y presencia efectiva del Estado donde hoy manda el miedo.
Sin ese plan integral, lo que queda es el ritual: se anuncia, se despliega, se detiene a algunos, se celebra y se vuelve a empezar. Y mientras el gobierno reinicia, la extorsión no reinicia: cobra.
Las cifras históricas no son estadística: son sentencia. El país está pagando el precio de tres fracasos consecutivos frente al crimen.
Reflexión final
Cuando el transportista paga para trabajar y el colegio paga para enseñar, ya no hablamos solo de delincuencia: hablamos de autoridad perdida. Y si el Estado no recupera el control pronto, el “cupo” dejará de ser noticia. Será la nueva normalidad.