Foto: Congreso.
Cuando se denuncia injerencia del presidente José Jerí en las cajas municipales, no hablamos de un pleito técnico ni de una pelea de élites. Hablamos de la tentación más peligrosa del poder: capturar el ahorro de la gente. Las cajas municipales no son un accesorio del Estado; son instituciones construidas con décadas de trabajo, confianza y disciplina financiera. Y justamente por eso resultan tan atractivas para el Ejecutivo y el Congreso: porque donde hay confianza, hay control posible; donde hay depósitos, hay palanca política.
La advertencia es clara: cambios en la ley de cajas estarían facilitando su captura política. ¿Cómo se captura una institución financiera sin asaltar una bóveda? Se captura por dentro: moviendo reglas de gobernanza, alterando quién nombra directores, debilitando filtros técnicos y abriendo espacios para cuotas. El resultado no es inmediato, pero es devastador: directorios convertidos en repartija, decisiones condicionadas por lealtades, y una entidad que deja de responder a criterios prudenciales para responder a necesidades del poder.
El método también importa. Cuando una reforma se introduce por vías indirectas, mezclada en normas que no corresponden al sistema de cajas, la sospecha no es paranoia: es lectura básica de la política peruana. Aquí la técnica suele ser el disfraz de la conveniencia. Y lo que se presenta como “fortalecimiento” puede terminar siendo un manual de colonización institucional.
El problema central es de gobierno corporativo. Las cajas manejan recursos de terceros; por lo tanto, su independencia no es un lujo, es un seguro. Si el Ejecutivo o el Congreso ganan capacidad de influencia sobre directorios, se rompe el contrapeso más importante: la distancia entre la administración del dinero y la agenda del gobierno de turno. Y en un país con historial de uso político de instituciones, esa distancia es la única barrera entre estabilidad y desastre.
Además, hay una lógica cínica detrás de estas jugadas: capturar instituciones “intermedias” suele ser más rentable que enfrentar reformas reales. En vez de mejorar seguridad, salud o educación, se busca controlar espacios que generan poder y recursos. Es más rápido y menos costoso políticamente. La “reforma” se vuelve excusa para un objetivo antiguo: mandar sobre lo que no les pertenece.
Si las modificaciones legales facilitan la captura política de las cajas, el mensaje al ciudadano es brutal: ni el ahorro está a salvo de la ambición. Y cuando el ahorrista sospecha, el sistema tiembla. No por rumor, sino por memoria histórica.
Reflexión final
La democracia no solo se mide en votos; se mide en límites. Jerí y el Congreso deben entender que las cajas municipales no son un botín de transición ni un tablero para pagar favores. Si de verdad dicen gobernar para el país, que lo demuestren donde más duele: renunciando a meter mano en instituciones que deben ser técnicas, autónomas y blindadas del apetito político. Porque cuando la política entra por la puerta del directorio, la confianza sale por la ventana del ahorrista.