Foto: Aps.Dz.
Cerró el plazo de inscripción y el dato más elocuente no es la cantidad de candidatos, sino el perfil que se repite: exmilitares y policías en retiro predominan en múltiples listas rumbo a 2026. La política peruana, incapaz de ofrecer partidos serios, planes coherentes y liderazgo civil competente, ha encontrado un recurso rápido y rentable: convertir el uniforme en argumento y la seguridad en eslogan. En un país golpeado por extorsión, sicariato y cobro de cupos, el miedo está siendo usado como plataforma electoral.
La tendencia no es aislada. Exintegrantes de las fuerzas del orden aparecen en candidaturas presidenciales, vicepresidencias y, sobre todo, en listas al Congreso. No se trata de servicio patriótico trasladado a la política por vocación democrática; se trata, muchas veces, de estrategia electoral: reclutar rostros asociados a “mano dura” para capturar al votante desesperado. El mensaje implícito es simple: “yo sí pondré orden”. Pero la pregunta que nadie quiere responder es más dura: ¿orden con qué? ¿Con qué plan, con qué equipo, con qué instituciones?.
Porque el Congreso no es un cuartel. Ahí no se “manda”, ahí se legisla; no se “disciplina”, se debate; no se “ordena”, se fiscaliza. En la práctica, una sobredosis de lógica de mando en el Parlamento puede terminar degradando lo poco que queda de deliberación democrática: más discursos de enemigo interno, más tolerancia a medidas excepcionales, más tentación de recortar libertades “por seguridad”. Es el camino más corto para que la autoridad se vuelva excusa y la crítica sea tratada como estorbo.
Y hay algo peor: la política está vendiendo uniforme porque ha renunciado a resolver lo estructural. La criminalidad organizada no se derrota con biografías. Se combate con inteligencia policial, investigación fiscal que no se caiga, justicia que condene, cárceles que no sean fábricas de crimen, control de economías ilegales, trazabilidad de financiamiento político y prevención social en territorios capturados. Eso requiere Estado. Y el Estado peruano no se reconstruye con poses, sino con gestión, transparencia y resultados.
Además, la militarización electoral suele prosperar cuando los partidos son cascarones: sin cuadros, sin ética interna, sin democracia interna real. Entonces reclutan símbolos. Hoy es el uniforme; mañana será el “outsider” de turno. El patrón es el mismo: reemplazar el proyecto por el impacto.
Que haya exmilitares y expolicías en retiro postulando no es el problema en sí. El problema es que se hayan convertido en el eje de la oferta, como si la política civil hubiera capitulado y solo quedara administrar el miedo.
Reflexión final
La seguridad es una urgencia nacional, pero no puede ser el pretexto para empobrecer la democracia. Si el uniforme predomina en las listas 2026, la ciudadanía debe exigir algo básico: planes verificables, respeto a límites democráticos y rendición de cuentas. Porque cuando el miedo decide el voto, la política se vuelve negocio. Y cuando la política se vuelve negocio, el país termina pagando con lo más caro: derechos, instituciones y futuro.