Foto: Radio Yaraví.
Casi ochenta días bastan para entender si un gobierno gobierna o solo administra la apariencia. José Jerí asumió el 10 de octubre de 2025 con una tarea que no admitía excusas: enfrentar la inseguridad que venía desbordando al país y que terminó de tumbar a Dina Boluarte. Sin embargo, al borde de los 80 días, el saldo político es inquietante: la violencia continúa y lo más peligroso es que el Gobierno no ha mostrado liderazgo para convocar a todos los sectores y redactar un Plan Nacional contra la criminalidad. En su lugar, repite lo conocido: estados de emergencia, anuncios y operativos que llenan titulares, pero no recuperan calles.
Jerí ha prorrogado o sostenido estados de emergencia como principal respuesta. La receta es la misma: restricción de derechos, despliegue militar, patrullajes reforzados y promesas de “mano dura”. Pero el país sigue reportando extorsiones, asesinatos y economías ilegales que operan con normalidad en territorios específicos. La emergencia se volvió rutina. Y cuando la emergencia es rutina, deja de ser herramienta y se convierte en coartada.
Un estado de emergencia puede ser un instrumento excepcional si está insertado en una estrategia clara, medible y territorial. Sin plan, es un gesto. Jerí no ha liderado la construcción de un sistema nacional de seguridad que articule: inteligencia, fiscalía, policía, gobiernos regionales y locales, control de flujos económicos ilícitos, protección de víctimas y recuperación sostenida de territorios. Lo esencial no es poner más botas en la calle por 30 días; lo esencial es evitar que el territorio “recuperado” sea retomado por otra banda al día siguiente. Sin ocupación sostenida y metas verificables, la violencia se mueve, se adapta y regresa.
Aquí está el punto más crítico: la falta de liderazgo. Un presidente transitorio —más aún en crisis— no se mide por cuántas visitas hace a comisarías o penales, sino por su capacidad de reunir a quienes deben ejecutar la política, fijar responsabilidades y exigir resultados. Jerí no lo ha hecho. No se ve un plan con indicadores: ¿cuántos barrios se van a recuperar? ¿cuántas rutas de extorsión se van a desarticular? ¿cuánto se reducirá el homicidio en zonas críticas? ¿quién responde si no se cumple? Sin esa arquitectura, el Gobierno actúa a ciegas y luego pide paciencia.
Tiempo y urgencia. A Jerí le quedan poco más de doscientos días hasta el 28 de julio de 2026. El reloj no es un dato anecdótico: es el límite real del margen político. Si en casi 80 días no convocó y diseñó un plan nacional integral, el riesgo es que lo que queda sea pura administración del día a día: decretos, prórrogas y conferencias. La inseguridad no espera el calendario. Y el crimen organizado no negocia con comunicados.
El país no necesita un presidente que prorrogue emergencias; necesita un presidente que dirija. La emergencia sin plan es la versión institucional del “hacer algo” para no cambiar nada. Jerí llegó para corregir el fracaso previo, pero por ahora lo está repitiendo: respuestas rápidas, estrategia ausente.
Reflexión final. La pregunta ya no es si Jerí quiere combatir la criminalidad; es si sabe cómo. Sin liderazgo y sin un Plan Nacional integral, medible y territorial, los estados de emergencia seguirán siendo un maquillaje político. Y el costo —como siempre— lo pagarán los ciudadanos que viven la inseguridad como rutina, mientras el Gobierno la trata como trámite.