(Foto: Unitel). Para gran parte del mundo, la Navidad es sinónimo de reunión familiar, rituales culturales y descanso. Sin embargo, en algunos países y ciudades, poner un árbol, usar un gorro de Santa o realizar celebraciones públicas puede convertirse en una infracción sancionable, con consecuencias que van desde multas elevadas hasta prisión. Este contraste no es solo anecdótico: revela cómo los Estados regulan la cultura cuando la perciben como un factor de control social, identidad o seguridad.
Las restricciones se sostienen en razones distintas, aunque con un patrón común: el poder político define qué símbolos son “permitidos” y cuáles se consideran amenazas. En Corea del Norte, el control se expresa como borrado institucional de referencias religiosas y festividades no alineadas con el relato oficial. Allí, el calendario y los actos públicos se subordinan a conmemoraciones estatales; cualquier práctica navideña se interpreta como desviación ideológica y puede acarrear castigos severos.
En Brunéi, el enfoque combina religión y orden público. La norma no impide totalmente la celebración privada de quienes no profesan el islam, pero exige discreción y mecanismos de notificación que, en la práctica, convierten una festividad social en un acto vigilado. Prohibir símbolos visibles —como accesorios de Santa— busca evitar que la celebración se “normalice” en el espacio común, trasladándola a la esfera íntima.
En Tayikistán, la regulación adopta una forma distinta: la restricción se concentra en escuelas y medios, eliminando árboles navideños y representaciones como “Father Frost” en televisión. El objetivo es controlar el entorno educativo y proteger una narrativa cultural definida por el Estado, evitando que una festividad importada se convierta en referencia para jóvenes.
Somalia presenta un caso de seguridad y cohesión religiosa: la prohibición de celebraciones no islámicas en espacios públicos se justifica como prevención de tensiones y riesgos. En China, el fenómeno es más localizado y variable: no se trata de una prohibición nacional uniforme, sino de medidas en algunas ciudades o instituciones para limitar decoraciones y eventos, bajo el argumento de evitar “influencias” externas y priorizar tradiciones locales.
Estos casos muestran que la Navidad, más que una fecha, puede ser un símbolo político. Allí donde el Estado teme la diversidad cultural, la festividad se convierte en un terreno regulable: se controla el espacio público, se vigila el lenguaje de los símbolos y se disciplina lo que la gente celebra.
Reflexión final
El debate de fondo no es navideño, es ciudadano: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno al regular prácticas culturales y religiosas? La respuesta debería medirse por un principio básico de convivencia: un Estado fuerte no necesita criminalizar adornos o cantos; necesita garantizar que la diversidad no sea tratada como amenaza, sino como parte del tejido social.