(Foto: Infobae). El Perú no está perdiendo la lucha contra el crimen: la ha abandonado. Cerrar el 2025 con más de 25 mil extorsiones, casi siete homicidios diarios y sectores enteros pagando cupos no es una estadística, es una señal política. Y el mensaje es devastador: el Estado ya no conduce, administra su propia impotencia. Pedro Castillo desarmó la autoridad; Dina Boluarte la redujo a decretos; José Jerí, en casi 80 días de gobierno, ni siquiera ha intentado lo elemental: liderar y convocar para redactar un Plan Nacional contra la criminalidad. Ha elegido el atajo cómodo: estados de emergencia que nacen agotados.
Transportistas asesinados por cumplir su ruta, bodegas cerradas por amenazas, orquestas que entregan parte de sus ganancias para no ser atacadas, fiscales bajo protección policial. Más de 2.400 homicidios en un año. La extorsión ya no es delito, es un sistema de recaudación paralelo. Y frente a ese sistema, el gobierno responde con controles de identidad, operativos sin continuidad y discursos que no protegen a nadie.
El problema no es la falta de policías en la calle; es la falta de cerebro en Palacio. Jerí ha convertido la seguridad en una rutina administrativa: decreta emergencia, despliega tropas, declara esfuerzo, y vuelve a empezar. No hay metas públicas, no hay mapa de territorios a recuperar, no hay cronograma de ocupación sostenida. No hay plan. Lo que sí hay es un Ejecutivo que actúa como si el crimen fuera un fenómeno atmosférico: se anuncia tormenta, se cierran ventanas y se espera que pase.
La frase más peligrosa del año no vino de un sicario, sino del propio presidente: admitir que no resolverá la crisis y que la dejará a la siguiente gestión. Esa renuncia anticipada es la mejor noticia para el crimen organizado. Porque mientras el poder se declara transitorio, las mafias consolidan territorio, rutas, mercados y complicidades.
Los cinco paros de transportistas no lograron nada. Las requisas no cambiaron nada. Los operativos no movieron el tablero. El Estado sigue sin entender que la violencia peruana se organiza desde economías ilegales con control territorial, no desde celdas. Y que sin una estrategia para ocupar y proteger esos territorios, cada captura es apenas un paréntesis.
El 2025 deja un retrato brutal: el Perú ya no discute cómo derrotar al crimen, discute cómo sobrevivirle. Castillo, Boluarte y ahora Jerí comparten una misma herencia: haber convertido la seguridad en propaganda. Jerí aún tiene más de doscientos días hasta el 28 de julio de 2026. Pero cada día que pasa sin Plan Nacional, ese tiempo ya no pertenece al gobierno: pertenece a las mafias.
Reflexión final
Un país donde trabajar implica pagar, donde denunciar implica callar y donde investigar implica escolta no está en emergencia: está en retirada institucional. El Estado se ha vuelto espectador de su propio desmantelamiento. Y si Jerí no rompe ahora este ciclo de inacción, no será recordado por lo que hizo, sino por algo peor: por haber presidido el momento en que el Perú entendió que el miedo ya no es una excepción, sino una política no declarada.