Emergencia nacional: 43,7% de niños con anemia y el estado ausente

(Foto: UPC). El Perú entra al 2026 con una vergüenza estadística que ya no debería llamarse “problema”, sino fracaso estructural: 43,7% de niños entre 6 meses y 3 años con anemia. En Puno, 53,1%. Traducido sin tecnicismos: mientras el país discute coyunturas, medio Perú infantil crece con el cerebro y el cuerpo trabajando a media máquina. Y lo peor es la costumbre: llevamos años mirando esta cifra como si fuera clima, no tragedia.

La anemia no es una gripe pasajera; es una hipoteca contra el futuro. Afecta el desarrollo cognitivo, el crecimiento, la atención, el aprendizaje. No solo enferma: recorta oportunidades antes de que el niño aprenda a hablar. Luego viene el impacto económico, como una factura silenciosa: pérdida de productividad, mayor gasto en salud, y un lastre que se arrastra por décadas. En un país obsesionado con “crecer”, resulta casi irónico que aceptemos una condición que, según estimaciones económicas, puede costarnos hasta 0,7% del PBI.

¿Y qué hacemos? Lo mismo de siempre: campañas intermitentes, suplementos que no llegan o no se toman, controles débiles, y un Estado que delega responsabilidades como si la infancia fuera un proyecto piloto. Se repite la receta conocida —detección temprana, reducción de desnutrición crónica, prácticas alimentarias adecuadas, agua y saneamiento— pero se ejecuta a medias, tarde y con poca articulación territorial. La anemia se combate en el hogar y en el puesto de salud; no en una conferencia con diapositivas.

En ese vacío aparecen iniciativas privadas y sociales, como programas de despistaje y atención en zonas vulnerables. Bienvenidas sean. Pero que el sector privado tenga que poner parches no debería tranquilizarnos: debería inquietarnos. Porque la anemia no se resuelve con “islas de intervención”, sino con un sistema que funcione: personal capacitado, seguimiento real, abastecimiento constante de hierro, visitas domiciliarias cuando haga falta, y campañas que no traten a los padres como audiencia, sino como aliados.

El desafío del 2026 no es “intensificar intervenciones” como frase elegante: es romper la normalización. Si 4 de cada 10 niños tienen anemia, no estamos ante un problema de comunicación; estamos ante un Estado que no llega, o llega mal, y una política pública que no ha logrado convertir la urgencia en prioridad nacional.

Un país que tolera esta cifra no está postergando una meta sanitaria: está postergando su desarrollo.

Reflexión final
La anemia infantil es el termómetro de nuestra ética pública. Si el 2026 vuelve a pasar sin un golpe de timón —territorial, sostenido y medible— no será por falta de diagnóstico. Será por falta de voluntad. Y ahí no hay suplemento de hierro que cure la indiferencia.

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