(Foto: Shutterstock). El Perú se prepara para elegir autoridades mientras arrastra un récord que ninguna democracia sana debería normalizar: cuatro expresidentes presos al cierre de 2025. No es un episodio aislado ni una anomalía histórica. Es la confirmación de que el poder, en nuestro país, se ha vuelto una antesala judicial. Y lo que se perfila para 2026 no es un quiebre con ese patrón, sino su consagración: una campaña electoral que convive, sin rubor, con una fila de juicios penales listos para abrirse.
En cualquier otra latitud, la proximidad de procesos por corrupción, lavado de activos o incluso por delitos vinculados al terrorismo habría sepultado carreras políticas. Aquí, en cambio, parece ser parte del currículum. La pregunta ya no es quién propone el mejor programa, sino quién llega con más defensores, con mejores estrategias de dilación o con mayor capacidad de convertir un expediente fiscal en bandera de victimización.
El caso de Vladimir Cerrón lo resume con crudeza. Prófugo desde hace más de dos años, insiste en presentarse como opción presidencial mientras lo que le espera es un nuevo juicio, esta vez por imputaciones que trascienden la corrupción y rozan los cimientos mismos del Estado de derecho. En cualquier sistema mínimamente funcional, la fuga del país habría significado el final de su carrera política. En el Perú, es apenas un obstáculo administrativo.
Pero no está solo. Otros nombres que circulan en la órbita electoral deberán enfrentar juicios por presuntos vínculos con campamentos terroristas y por intentos de obstruir a la justicia. No se trata de “errores del pasado” ni de “persecuciones políticas”, como repite la retórica conocida. Se trata de procesos que, por su gravedad, deberían activar una reacción ética colectiva. Sin embargo, lo que vemos es silencio, cálculo y una peligrosa naturalización de lo inaceptable.
La historia no mejora cuando se pasa al capítulo Lava Jato. El juicio de Susana Villarán entra en su fase decisiva con acusaciones de haber recibido aportes ilegales de campaña a cambio de favores en la gestión. La muerte de un testigo clave ha oscurecido aún más un caso que ya era símbolo de cómo la política y el dinero se cruzan en zonas donde la legalidad pierde significado. Mientras tanto, se multiplican las maniobras para acogerse a precedentes favorables y convertir tecnicismos en absoluciones anticipadas.
El desfile judicial se completa con Humala y Heredia, llamados a responder por el caso Gasoducto, y con Pedro Pablo Kuczynski, a la espera de juicio por lavado de activos. El mensaje para la ciudadanía es brutal: el país no discute su futuro, administra su pasado.
El 2026 no será el año de la renovación si la política continúa funcionando como un salvavidas penal. No se puede gobernar con un pie en Palacio y el otro en el juzgado. Un líder que necesita el poder para defenderse ya no gobierna para el país, gobierna para su expediente.
Reflexión final. Presunción de inocencia, sí. Pero la ética pública no se suspende mientras dura un proceso. Si el Perú vuelve a elegir autoridades cuya principal agenda es su propia supervivencia judicial, no habrá que preguntarse por qué la democracia no avanza. La respuesta estará en la boleta: seguimos votando por un Estado en juicio, y luego fingimos sorpresa cuando el veredicto nos alcanza a todos.