(Foto: Convoca). El 2025 deja una postal que no debería existir en democracia: cuatro periodistas asesinados y cero justicia visible. Dos cayeron en diciembre, como si el cierre de año exigiera su cuota de sangre. Los otros dos fueron asesinados en enero y mayo. La cifra no es estadística: es un mensaje. Y el mensaje es brutal: en el Perú, investigar cuesta y denunciar puede matar. Lo peor no es solo el crimen; es el eco que le sigue: silencio institucional, avance lento y una impunidad que se vuelve invitación.
Los nombres importan porque la violencia siempre intenta volverlos “casos”. Mitzar Bato Castillejos murió tras días internado, luego de ser atacado cuando salía rumbo a su programa. Fernando Núñez fue baleado tras una cobertura, en carretera, a plena luz de país. Antes cayeron Gastón Medina, que ya había recibido amenazas y ataques, y Raúl Celis, asesinado por sicarios en la ruta cotidiana hacia su trabajo. Cuatro muertes, cuatro regiones, un patrón: periodismo regional expuesto y Estado ausente.
La prensa regional es, paradójicamente, la que más investiga el poder cercano: alcaldes, redes, mafias locales, favores, corrupción “de barrio” que se convierte en gran negocio. Por eso la atacan. Porque incomoda. Porque es la primera línea que ve lo que Lima no quiere ver. Y porque en el Perú, donde el crimen organizado se mezcla con política y economía, callar a un periodista resulta más barato que responder una denuncia.
Pero el horror no termina con los disparos. Continúa en la burocracia. Investigaciones que “siguen”, diligencias que “se realizan”, etapas “preliminares” que se prolongan mientras los responsables caminan libres. La inacción se convierte en un sistema de protección para el agresor. Y cuando un crimen contra periodistas queda impune, el Estado no solo falla: educa. Enseña que matar a quien pregunta sale rentable.
Como si eso no bastara, desde el poder también se ensayan formas más elegantes de silenciamiento: leyes y propuestas que aprietan a los medios y a sus fuentes. Se impulsan normas con conceptos ambiguos y facultades de control que permiten castigar al que incomoda. Y se pretende criminalizar la difusión de información reservada en investigaciones, un atajo peligroso que puede convertirse en mordaza contra el periodismo de investigación y contra el derecho ciudadano a saber. En el Perú, la censura ya no siempre llega con botas; a veces llega con sello.
El país no enfrenta solo una crisis de seguridad: enfrenta una crisis de libertad. Cuando matan periodistas y el Estado responde con lentitud, y cuando el poder legisla para controlar, el mensaje es claro: el problema no es la violencia, es la voz que la denuncia.
Reflexión final
Una prensa amedrentada es el sueño de cualquier corrupto. Y una sociedad que normaliza esos asesinatos termina aceptando que la verdad tenga precio de bala. Si el 2025 cierra con cuatro periodistas muertos e impunes, el 2026 abre con una pregunta urgente: ¿quién será el siguiente en pagar por informar… y quién seguirá mirando a otro lado?.