(Foto: El poder en tus manos). “Los condenados que son aspirantes al nuevo Congreso” no es un titular escandaloso: es un aviso de cómo se degrada una democracia cuando normaliza lo anormal. En una primera revisión de hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se identifican postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados que declaran sentencias penales y aun así continúan en carrera. La fórmula es conocida: “pena cumplida”, “caso cerrado”, “pasemos la página”. Pero el Congreso no es una página más: es el lugar donde se escriben las reglas del país.
Para que no quede en abstracto, ahí están los nombres. Edwin Donayre (candidato al Senado por Ayacucho) registra una condena por peculado en el caso “Gasolinazo”. Perci Rivas Ocejo (candidato a diputado por Ayacucho) consigna sentencia por falsificación de documentos. En Perú Libre, Víctor Gilmar Vilca Uribe declara dos condenas por delitos contra el honor. También en esa lista aparece Virgilio Leopoldo Huerta Jara, con condenas vinculadas a corrupción/peculado e inhabilitación temporal ya consignadas como cumplidas. Y en Pasco figuran los hermanos Arturo Sergio Ñañez Ordoñez (diputados) y Juan Carlos Ñañez Ordoñez (senadores), con sentencias relacionadas a obligaciones familiares.
En Alianza para el Progreso, Percy Guillén Jiménez registra procesos por violencia familiar y Óscar Ore Curo consigna una sentencia por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En Podemos Perú, José Farro Coronado declara condena por usurpación y, además, carga con una investigación fiscal en la que se solicita pena de prisión por presunta colusión agravada. Y por Perú Primero aparece Mario Vizcarra, candidato con una condena por peculado.
El problema no es solo la lista: es el mensaje. Se nos pide confiar en un Congreso que debería fiscalizar la corrupción, pero acepta candidatos con historial de corrupción o falsificación como si fueran “antecedentes superados”. Se nos exige creer en un Parlamento que legisla sobre violencia, pero alberga postulaciones marcadas por violencia familiar. Se nos promete “renovación” mientras se recicla el expediente.
Aquí la mordacidad es inevitable: el país pelea por seguridad, salud y educación, pero la política pelea por curules como si fueran salvavidas. Y la “rehabilitación” se usa como escudo moral para evitar la pregunta clave: ¿es razonable que el poder público sea la segunda oportunidad más rentable del Perú?.
El nuevo Congreso no debería nacer con sentencias como nota al pie. Si el estándar para legislar es apenas “cumplí mi pena”, entonces la ética quedó fuera de la cédula.
Reflexión final
La reinserción es un derecho; la representación es un privilegio público. Si los partidos insisten en normalizar candidaturas con condenas, el votante tiene una tarea urgente: dejar de premiar la impunidad con escaños. Porque cuando el Parlamento se llena de “casos cerrados”, lo que se abre es el camino para que el país siga viviendo con instituciones débiles, ciudadanos indefensos y políticos blindados.