(Foto: Pete Hegseth). El combate al narcotráfico en el Caribe y zonas próximas a Colombia y Venezuela ha escalado a un punto en el que ya no se discute solo la eficacia operativa, sino el costo político y humano de la estrategia. Un nuevo ataque de Estados Unidos contra dos supuestas “narcolanchas” dejó al menos cinco muertos y se suma a una campaña que, desde septiembre de 2025, habría destruido casi 40 embarcaciones y causado cerca de 110 fallecimientos. La cifra no es menor: convierte una política de interdicción en una ofensiva sostenida con implicancias regionales.
La versión oficial sostiene que las embarcaciones atacadas seguían rutas conocidas del tráfico ilegal y operaban bajo redes calificadas como “narcoterroristas”. La operación se enmarca en un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur y se presenta como respuesta al flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Sin embargo, el contexto revela una agenda más amplia: además de golpear logística criminal, Washington busca incrementar presión sobre el gobierno venezolano, al que acusa de funcionar como “narcoestado”.
Ahí surge el dilema central: cuando la lucha antidrogas se combina con objetivos de cambio político, la estrategia deja de ser exclusivamente policial o sanitaria y entra en el terreno de la confrontación geopolítica. Este cruce plantea preguntas incómodas. La primera: ¿qué umbral probatorio se usa para definir un objetivo como “narcolancha” en escenarios de alta incertidumbre? La segunda: ¿qué mecanismos de rendición de cuentas existen cuando la acción se ejecuta con fuerza letal y difusión pública de videos como respaldo? La tercera: ¿cómo se evita que el uso de la etiqueta “terrorista” termine ampliando la discrecionalidad para emplear fuerza en zonas donde convergen pesca, comercio informal, migración y crimen?
La ofensiva no se limita a pequeñas embarcaciones. También se reportan confiscaciones de petroleros vinculados al crudo venezolano y denuncias sobre activos energéticos en disputa, lo que añade una capa económica a la tensión. En paralelo, se menciona el uso de drones contra infraestructura de atraque, lo que, de confirmarse en sus alcances, movería el escenario hacia acciones más directas sobre territorio y logística portuaria, elevando el riesgo de escalada y respuestas asimétricas.
Desde la perspectiva regional, el problema es doble: el narcotráfico necesita ser contenido, pero la estabilidad también. Una estrategia centrada en golpes letales puede desarticular rutas en el corto plazo; en el largo plazo, puede desplazar el tráfico, endurecer alianzas criminales y aumentar fricciones diplomáticas si no se acompaña de cooperación judicial, control financiero y políticas de reducción de demanda.
Los ataques recientes consolidan una tendencia: interdicción militar intensa como herramienta principal. Sus resultados deben medirse no solo por embarcaciones destruidas, sino por su capacidad de reducir el negocio y evitar una crisis mayor.
Reflexión final
La pregunta que queda abierta para el debate global es si la “guerra” declarada contra redes criminales puede ganarse solo con superioridad militar. Sin inteligencia verificable, supervisión pública y estrategia integral, el riesgo es convertir una política de seguridad en un ciclo de violencia con efectos que trascienden fronteras.